Inseguridad y malas leyes

Al caos e impunidad creados por la Ley 906/04 y sus once reformas legales, que son fuente de desorden, lentitud e ineficacia judicial, y por ende de inseguridad ciudadana, se suman la inexistencia de una política penitenciaria y los boquetes del sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, regulado por la Ley 1098/06 y sus reformas.La política penitenciaria y carcelaria ha colapsado, y ahora anuncian que para reducir la crisis en las prisiones se permitirá salir a miles de condenados a la calle. En vez de conmutarles las penas a los condenados, primero se debieran acabar las dilaciones en procesos penales que tienen hoy a miles de sindicados e imputados esperando decisiones en la prisión. De las 120.623 reclusos, 31,3% son personas sin condena, la mitad de ellas con más de un año en espera, y con 1.930 casos que superan los 3 años presos sin sentencia. Esta perversión de la justicia congestiona indebidamente las cárceles, además de ser inhumana.Adicionalmente, es urgente una estrategia seria de planeación, inversión y desarrollo de infraestructura carcelaria. Colombia tiene una tasa de 245 detenidos por cada 100 mil habitantes, inferior a la de países como Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Rusia o incluso Estados Unidos (716 por 100 mil habitantes). A pesar de ser baja la tasa, aquí la capacidad construida se quedó corta frente a la necesidad. El último gobierno que le prestó atención al tema fue el de Andrés Pastrana, hace ya tres lustros, que aumentó en 38% la capacidad y redujo el hacinamiento del 34% en 1998 al 15% en 2001. Hoy el hacinamiento es del 59%.A este panorama se suma el pésimo manejo de la responsabilidad penal de los adolescentes. Desde muy temprana edad, niños y adolescentes cometen hoy crímenes que van desde el hurto simple hasta los delitos más atroces, en muchas ocasiones sirviendo a organizaciones criminales que han entendido el ambiente de impunidad que les brinda el Código de Infancia y Adolescencia definido en la Ley 1098/06. Todo porque ese código definió en materia penal un esquema menos punitivo para los adolescentes, sustentado en una justicia restaurativa que no cuenta con medidas preventivas ni disuasivas ni resocializadoras ni punitivas que sean eficaces. Un reciente estudio de la Universidad de los Andes y del BID muestra que a partir de la adopción de ese código creció el índice de delincuencia de menores de 14 años. También plantea que se ha reducido el costo que tendría para un adolescente caer en conductas delictivas, y que esto podría estar relacionado con mayores tasas de deserción escolar observadas después de adoptado el nuevo código. Hoy, según la Ley, para los menores de 14 años que delinquen no hay detención de tipo alguno, si tienen entre 14 y 16 años difícilmente hay internamiento en centro especializado, y aún si el delincuente es menor de 18 años, la posibilidad de privación de libertad es mucho menor que la de un adulto. Con una ley tan mala, antes la criminalidad no es mayor. Que quede claro: mientras no se establezca una política criminal seria en Colombia que incluya un buen manejo de la política carcelaria y una modificación en el sentido correcto de las leyes 890/04, 906/04 y 1098/06, en las calles colombianas seguirán reinando la inseguridad y la impunidad. Y no serán las autoridades las culpables de ellas sino las pésimas leyes que tenemos.