Inseguridad por ley

Recurrentemente aparece en las encuestas que la principal inquietud de los colombianos es la inseguridad en las ciudades. Y tienen toda la razón. La actividad delincuencial ha aumentado desaforadamente desde 2004 y los ciudadanos de bien se sienten hoy acorralados por los bandidos.Las denuncias por hurto común aumentaron en un 82% del 2004 al 2008, y son hoy más del doble, a pesar de que cada vez es mayor la propensión a no reportar los delitos, por desconfianza en las autoridades. Y es que, como lo señalara un estudio de la Unión Europea, coordinado por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía y por la Procuraduría, la impunidad es rampante y de cada cien casos de capturados en flagrancia, 70 no llegan a condena. Cifra que, según el Ministerio de Interior, ya era 80 a marzo de este año.El 85% de los detenidos con armas ilegales quedan en libertad, y es prácticamente imposible retener aún a los más avezados delincuentes. En febrero, el coronel Héctor Pérez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea con entrega y sacrificio”. Y todos los días, los jueces sueltan a los capturados.Y esto no es culpa de los jueces. Es cierto que nuestras altas cortes no dan el ejemplo que los colombianos quisiéramos, con sus inacabables rencillas, su incapacidad de hacer aún los nombramientos a los que las obligan las leyes, sus intrincadas redes de nepotismo y sus amistades poco recomendables. Y también es cierto que existen jueces que fallan en forma arbitraria, sin el debido sustento probatorio, como le sucedió al coronel Alfonso Plazas. Pero el hecho es que nuestro aparato judicial está mayoritariamente poblado por hombres y mujeres que buscan ejercer sus cargos con dignidad y corrección.El problema es que esos jueces, más que administrar justicia, deben aplicar leyes. Y las que deben aplicar, la 890 de 2004, mediante la cual se modificó y adicionó el Código Penal, y la 906 de 2004, que estableció el Código de Procedimiento penal, son peor que malas: son pésimas. Nada más en Cali, los delitos contra la propiedad se habían triplicado al año siguiente de entrar en efecto la Ley 906, no porque se hubiera triplicado el número de delincuentes sino porque tan pronto como los capturaban la nueva ley obligaba a los jueces a soltarlos.Entre las muchas aberraciones de la Ley 906, basta mencionar que mientras el término para legalización de capturas en países reconocidos por su respeto de los derechos humanos es por lo menos de 72 horas (en el Reino Unido puede llegar a dos meses en ciertos casos), en Colombia es un imposible 36 horas. Esta situación se ha visto agravada con la Ley 1098 de 2006, o ‘ley de infancia y adolescencia’, que puso fuera del alcance de los procesos penales a los delincuentes menores de 18 años y que se está usando de escudo para crímenes terribles.El Gobierno debe presentar a la mayor brevedad una propuesta seria para cambiar esas tres funestas leyes. Los colombianos no pueden seguir padeciendo la inseguridad a la que los han condenado leyes mal hechas, que les conceden todas las garantías a los criminales y se las niegan a los ciudadanos de bien.