Inseguridad por ley

Tan impresionante es el aumento de la inseguridad ciudadana en Colombia como la incapacidad de los colombianos de diagnosticar los orígenes de este incremento para darle solución al problema.

Solo entre 2015 y 2016, el total de delitos denunciados en Colombia creció 38 %, al pasar de 780.091 a 1’077.183. Y cuando se toma en cuenta que la tasa de denuncia por delito es del orden de 29 %, se encuentra que el total de delitos cometidos en 2016 excedió los 3,7 millones. Para peor, mientras esto sucede los ciudadanos sienten un creciente abandono por parte de las autoridades.

El hurto contra personas, comercio y residencias, por ejemplo, aumentó
63 % entre 2014 y 2017, mientras que las capturas por este delito bajaron de 59.967 a 52.396 en ese lapso. Y si las capturas son pocas, las condenas son menos. En 2017 hubo en el país 245.528 capturados por todo tipo de delitos, y de ese número los jueces enviaron a la cárcel a menos de 10.000. De hecho, las 51.000 sentencias condenatorias que se producen en Colombia en un año equivalen a menos del 5 % de los casos totales denunciados, o sea el 1,4 % del total estimado.

Como reacción a esta inseguridad rampante en un marco de impunidad generalizada, los ciudadanos exigen con cada vez mayor urgencia a las autoridades una mayor presencia y un mayor apoyo de la fuerza pública. Esta, lamentablemente no es la solución del problema, como la experiencia lo ha demostrado. La verdad es que la falta de correspondencia entre la realidad de un delito que crece y una justicia que no actúa y genera impunidad nace realmente de los beneficios, procedimientos engorrosos y concesiones ‘garantistas’ que el Congreso ha otorgado a los delincuentes en cada reforma de la ley penal o del código penitenciario que se adopta.

Lo cierto es que Colombia vive un desbordado aumento de delitos de la criminalidad común, mientras padece una justicia penal inoperante que tiene sometida a la sociedad a un régimen de impunidad y miedo, como fruto de las reglas del sistema penal oral colombiano, surgidas de las Leyes 890/04 y 906/04, con todas sus modificaciones posteriores, y del ambiente de impunidad que les brinda el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098/06 a las organizaciones criminales que usan menores en su operación. Para ser claros: aquí lo que hay es inseguridad por ley.

Y esto no es culpa de los jueces. Ciertamente repugna el comportamiento de nuestras altas Cortes, con su politización, sus carteles de corrupción y sus intrincadas redes de nepotismo. Como también el que algunos jueces fallen en forma arbitraria. Pero el hecho es que nuestro aparato judicial está mayoritariamente poblado por hombres y mujeres que buscan ejercer sus cargos con dignidad y corrección. El problema es que esos jueces deben aplicar leyes muy malas, que deben ser cambiadas.

La Policía y la Fiscalía pueden seguir fortaleciéndose para luchar contra el crimen, pero el esfuerzo será en vano si no se revisa y se reforma el marco legal que rige la acción de los jueces y la respuesta estatal contra el delito, pensando ante todo en la seguridad ciudadana y en la convivencia y el bienestar del país. El marco oral judicial vigente ha fracasado y se debe reformar íntegramente, para tener un sistema judicial penal y penitenciario eficaz, ágil, moderno, tecnificado. Mientras esto no se haga, seguiremos teniendo inseguridad por mandato de la ley.