Inquisición vial

Con fanatismo e irracionalidad reminiscentes de la Inquisición, el Gobierno anunció un proyecto de ley que supuestamente busca reducir la accidentalidad vial criminalizando el comportamiento de los conductores. Así, ante el hecho de que solo el 6% de las fatalidades en accidentes viales están ligadas al alcohol, lo que comenzó como una cruzada de fundamentalistas para sancionar a conductores ebrios se amplió a tipificar, con penas hasta de 37 años de prisión, el delito de “conducción temeraria”, incluyendo en él desde superar el límite de velocidad hasta conducir sin licencia. ¡Cuando para entregar una licencia el mismo Gobierno ni hace un examen serio de conocimiento de normas! La violación de las normas de tránsito no es aceptable. Pero la propuesta de castigarla de forma autónoma en el marco de la justicia penal es a todas luces desbordada y no tiene justificación objetiva ni bajo la órbita de la política de seguridad vial ni de la de política criminal del Estado.El problema de la seguridad vial debe ser atendido, pero no es como lo han pintado para justificar esta persecución. A pesar de las deficiencias en las vías y del manejo torpe de las autoridades, nuestras tasas de siniestros no son peores que las de países similares. Según la OMS, Colombia ocupa el puesto 120 (de mayor a menor accidentalidad) en el mundo. De hecho, en América Latina sólo Guatemala y Cuba tienen tasas inferiores a Colombia, y aún en EEUU y Corea los índices son similares al nuestro.Desde el punto de vista criminal, así sea populista y noticioso, es irresponsable crear un delito cada vez que aparece un problema. Y lo es más hacerlo sin tener en cuenta la capacidad de aplicar las normas del sistema judicial, que en este caso recibiría más de 500.000 nuevos casos por año, que son las infracciones que buscan convertir en delitos. Solo con el tema de los conductores ebrios, la Fiscalía ha advertido la inconveniencia de la medida como solución al problema y la incapacidad del sistema para atenderla. Es irresponsable, además, que se haga sin tener en cuenta la proporcionalidad de las penas en un marco de política criminal y se propongan penas superiores a las que se aplican a comportamientos evidentemente dolosos. La historia ha probado que ese tipo de soluciones no solo no cura los males, sino que abre las puertas a escenarios de abuso, corrupción, injusticia y excesos de las autoridades.No habiendo desarrollado oportunamente políticas preventivas, de infraestructura y de control administrativo, el Gobierno pretende ahora resolver con una cacería de brujas y con amenazas de cárcel unos problemas generados por su propia acción y omisión. Un país con una infraestructura insegura de carreteras y calles, con una señalización vial atrasada o inexistente, con un sistema de expedición de licencias laxo, con millones de conductores y, particularmente, de motociclistas que desconocen señales, deberes y obligaciones de tránsito, con peatones carentes de educación vial, con vehículos de transporte público obsoletos y riesgosos, no puede tomar ahora la inseguridad vial como un asunto de conducta delictiva potencial de todos los ciudadanos que tengan pase o vehículo. Más de 8 millones de colombianos no pueden vivir amenazados de ser encarcelados si cometen un error, sólo por el deseo de unos inquisidores fanáticos y porque el Estado no ha cumplido sus obligaciones.