6024455000Incontinencia normativa
“De esta manera se puede intuir que en aquellos sectores en los que se observa un mayor nivel de regulación es donde la acumulación regulatoria y las interacciones entre las numerosas disposiciones regulatorias, pueden estar generando obstáculos al desarrollo productivo”.
Un régimen regulador efectivo y de calidad es la base para el funcionamiento del sector productivo de cualquier país. Genera impactos positivos y significativos sobre el crecimiento económico, reduce la incertidumbre legal y asegura el cumplimiento de la ley a los empresarios, inversionistas y ciudadanos de bien. Lamentablemente, en Colombia estamos lejos de conocer tal escenario.
De acuerdo con el Observatorio de Mejora Normativa del DNP, entre 2000 y 2019 se promulgaron en el país 77.417 normas, 60.000 de las cuales fueron resoluciones, 16.721 fueron decretos y 696 fueron circulares. En otras palabras, en Colombia, durante las dos décadas pasadas se expidieron 3.870 regulaciones por año, o sea 323 cada mes, 81 semanalmente, 12 a diario, una cada dos horas. Normas estas que el mismo estudio del DNP señala en un 48% tratan de cuestiones administrativas y burocráticas carentes de sustancia.
Si a lo anterior se añaden las casi 2000 leyes emitidas por el Congreso en ese lapso y la infinidad de disposiciones que van desde los encumbrados fallos de la Corte Constituyente hasta los acuerdos de los concejos de los más pequeños municipios, no es de extrañar que en uno de los aspectos en que Colombia recibe las peores calificaciones en el Informe Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial es en la carga por regulaciones gubernamentales, habiendo llegado a ocupar el puesto 123 entre 137 países en el último informe que abordó el tema.
Esta incontinencia normativa crea un grado de complejidad e incoherencia regulatoria con efectos negativos de toda naturaleza. De hecho, el mismo DNP calculó en 2020 el peso de la carga regulatoria sobre el producto interno bruto colombiano, concluyendo que los incrementos en el nivel de regulación en Colombia entre 1994 y 2014 presentaron rendimientos marginales decrecientes para el PIB de los sectores productivos del país: “De esta manera se puede intuir que en aquellos sectores en los que se observa un mayor nivel de regulación es donde la acumulación regulatoria y las interacciones entre las numerosas disposiciones regulatorias, pueden estar generando obstáculos al desarrollo productivo”.
La oportunidad, racionalidad y eficacia del marco regulatorio son esenciales para que el país logre un desarrollo económico y social sano.
Por eso, una de las pocas buenas recomendaciones que la Ocde le ha hecho a Colombia es la de transformar su política regulatoria y establecer un ‘conjunto común y obligatorio de estándares y requisitos administrativos para preparar regulaciones de la máxima calidad y sustentadas en evidencia’.
Tal recomendación ha ocasionado, paradójicamente, una explosión de normas que van desde el Conpes 3816 del 2014, que buscaba sentar las bases para el Análisis de Impacto Normativo en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas en la rama ejecutiva del Estado, hasta el Decreto 1074 del 2015, que señala la obligación de las entidades con facultades regulatorias de someter a revisión sus normas cada cinco años, para verificar si las causas que dieron origen a su expedición se mantienen, o si se debe considerar su derogatoria o modificación (Decreto este, dicho sea de paso, con una modesta extensión de 405 páginas). Evidentemente, la incontinencia normativa descontrolada nos continuará inundando de normas. Sería de reírse, si no fuera por las ganas que da de llorar.
