Español constitucional

Es cierto que la opinión pública tiene una imagen de la honorable Corte Constitucional que no es mucho mejor que la que tiene de las Farc, pero debiera reconocerle, al menos, que trabaja mucho.

Además del tiempo y esfuerzo que le dedican a su incesante tarea de reformar continuamente la Constitución de acuerdo con sus gustos y preferencias ideológicas, sus magistrados se sacrifican aplicando sus luces a otros frentes de gran trascendencia para la Nación. Entre estos brilla con singular fulgor la depuración que han acometido desde hace varios lustros del idioma español. Algo así como una Urbanidad de Carreño judicial que establece las expresiones que nos permitirán usar a los colombianos.

Recientemente, la Corte dio otro paso en este tema de tan trascendental importancia para la administración de justicia en Colombia, al establecer en reciente sentencia el lenguaje que deberán usar los colombianos en sus riñas entre vecinos. Informa la prensa que, en su sabiduría, la Corte “decidió ordenarles a los residentes de un conjunto residencial dejar de usar las palabras ‘marica’, ‘mariquita’ y ‘maricada’ para aludir a un vecino”. Aunque la noticia no fue completamente clara, parece que la prohibición se limita a las peleas de vecindario. Sin embargo, harían bien los juristas en estudiar el caso pues, de ser general la prohibición, podrían llegar a tener muchos clientes, dado el uso cada vez más extendido de esos términos en diversos segmentos de la población, particularmente los más jóvenes.

Ha sido más clara la Corte en cuanto a la forma de referirnos a quienes, lamentablemente, sufren algún grado de incapacidad permanente. Al ordenar no usar el término “discapacitado”, considerándolo peyorativo, la Corte ha aceptado que se substituya por la expresión “persona en condición de discapacidad”. Escapa al entendimiento de la gran mayoría de los colombianos por qué es peyorativo el término y, además, cuál es la gran diferencia entre las dos expresiones. Sin duda esto es fruto de no poseer la sutileza de los magistrados que han tomado tan trascendental decisión y, sobre todo, de no entender, como lo hace la Corte, la gran importancia de decisiones como esta en la lucha contra el crimen.

Muchas otras palabras han ocupado la atención de la Corte. Al analizar alguna norma, ella ha considerado indignos términos como “alcoholizados crónicos, idiotas, cretinos o baldados”. Ha objetado la palabra “transferencia” en los traslados de un futbolista de un equipo a otro, y, gracias a su diligencia, en Colombia ya no hay “criados” ni “mentecatos”. Hoy, para ajustarse a la época, está estudiando si permite conservar la palabra “trabajador” en el léxico colombiano. En esto último, es posible que les siga el paso a esas empresas en las que ya no hay trabajadores ni empleados sino “colaboradores”. Aparentemente, aquí la gente ya no trabaja sino que colabora.

En suma, el futuro del país es brillante, pues su Corte Constituyente no cejará en el empeño de enseñarnos a hablar. Aunque las cosas ya no podrán ser llamadas por sus nombres, ella, en su sabiduría, o el común de la gente, en su ignorancia, les darán unos nuevos. Sólo queda una pregunta: Una vez esos nuevos nombres estén en uso, ¿volverá la Corte a cambiarlos cuando a alguien, particularmente a algún magistrado, no le gusten, habida cuenta de que lo que cambió fue el nombre, pero no lo nombrado?