El tamal de Catastro

Mayo 16, 2012 - 12:00 a.m. Por: Emilio Sardi

En 1930, el Club Campestre de Cali arrendó de doña Elodia de Posso la casa de la hacienda San Joaquín y los terrenos que mediaban entre ésta y la carretera a Popayán, hoy calle 5, y cuatro años después le compró ese predio. Ya en 1940, el Club también le compró a doña Elodia la parte alta de la hacienda, que ella se había reservado y que colindaba por el Occidente con otra finca que ella misma había vendido en 1937 a los ferrocarriles Nacionales, la hacienda La Buitrera, separada de ésta por una depresión entonces denominada ‘la chamba de La Buitrera’, hoy aún existente. Esas son las tierras que ocupa el Club Campestre.Por casi un siglo, el Campestre ocupó y usó sus tierras pacíficamente, actuando como señor y dueño sin que autoridad alguna pensara siquiera en cuestionar sus derechos. Hasta 2009, cuando el gobierno del alcalde Ospina firmó un contrato con serios vicios jurídicos con un abogado de esos que hacen de su tarjeta profesional fuente de ingresos provenientes del Estado, en el que acordaba reconocerle unas jugosas recompensas por la recuperación de unas propiedades que supuestamente se encontraban en manos particulares.Como los títulos e historia del Campestre son impecables, la actividad se centró en la vecina hacienda La Buitrera, que después de la venta de la señora Posso había tenido varios cambios de dueño, hasta su fraccionamiento por invasiones. Inexplicablemente aparecen en ese predio hechos reminiscentes de algunas de las tretas de uso corriente en el robo de tierras, desde la pérdida de documentos hasta el incremento artificial de su área y la superposición de sus ‘linderos’ sobre las propiedades vecinas. Y nació una patraña basada en conjeturas, imprecisiones y falsedades, según la cual el Campestre ocupa tierras que supuestamente fueron de La Buitrera.Basado en esa fábula, sin pruebas ni atribuciones, el político que ocupaba la subdirección de Catastro en 2010 emitió una resolución cancelando la inscripción del predio que figuraba a nombre del Club. El propio gobierno de Ospina revocó esa resolución porque, entre otros considerandos, “el Decreto 1301 de 1940 señala que las personas designadas como propietarias y/o poseedoras figurarán en el catastro hasta tanto no se presente providencia judicial que designe un propietario o poseedor distinto”.El 30 de diciembre de 2011, previo a pasar con su antecesor a integrar el equipo del depuesto gobernador Useche, la subdirectora de Catastro emitió una resolución de similar tenor a la que ya había sido revocada, dejándole así al gobierno de Guerrero no un simple embuchado sino un verdadero tamal de irregularidades. Contra ella el Club interpuso un recurso que se encuentra en estudio y que seguramente, porque eso es lo legal, le será resuelto favorablemente.La conclusión de todo esto es que el problema es grave, pero no para el Campestre. Sus títulos son tan claros, sus linderos han sido tan inmutables y sus pruebas son tan contundentes que no hay juez de la República que pueda seriamente considerar fallar en su contra si llegara a presentarse un litigio. Los que estamos en riesgo somos todos los demás habitantes de Cali. Si esas bandas actúan así aún en contra de una institución como el Campestre, ¿qué no puede sucederle al ciudadano corriente? Es urgente que, como está sucediendo en Cartagena, las autoridades nacionales intervengan y vengan a defendernos.

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