Doble rasero

Uno de los incontables beneficios que el TLC con EE.UU. le ha traído a Colombia es que por fin se le conoce una misión concreta al Ministerio de Trabajo: Su objeto es implementar a rajatabla los deseos de las centrales obreras, los empresarios y los congresistas de nuestro flamante nuevo socio, para eliminar cualquier ventaja competitiva que nos pueda permitir abusar de ese país tan débil.Así, mientras no exigimos a EE.UU. obligaciones naturales, como hacerse parte de los convenios de la OIT que Colombia ha ratificado y ellos no (60 contra 14), o reducir subsidios, o proteger a los migrantes que allá trabajan en sectores agrícolas, el Ministerio viene aplicando rigurosos procesos de inspección y vigilancia de nuevas disposiciones en los sectores definidos como ‘prioritarios’ en el llamado Plan de Acción para el TLC. Obedientemente, a las multas por $11.700 millones impuestas en enero pasado en el sector palmero, ha añadido nuevas sanciones por más de $12.100 millones a empresas de los sectores portuario y palmero entre abril y mayo. Y con cientos de investigaciones andando, es de esperar que los próximos reportes que el Ministerio deba presentarles al presidente de la AFL-CIO, o a los congresistas estadounidenses, o a su gobierno, los satisfagan tanto como los que les presentó hace dos meses.Por ahora, esa eficacia en el control sobre temas laborales no toca al Estado. Y allí no se trata de unos pocos contratos o de poca plata. Dado que la nómina estatal (alrededor de un millón de empleados) costará $31 billones en 2012 y, según cifras parciales presentadas por el Gobierno, en las entidades territoriales hay 170 contratistas por prestación de servicio por cada 100 empleados oficiales y en las nacionales, 132 contratistas por cada 100 de planta, es obvio que el costo de esas nóminas paralelas es multibillonario. Mediante diversas figuras se contratan ‘servicios’ que se renuevan una y otra vez y que se anuncian como de apoyo, pero que realmente se relacionan con actividades misionales, a lo que habría que sumar la contratación de servicios con cooperativas de trabajo asociado, que se observa especialmente en entidades del sector salud. Esto llega al punto en que el Sindesena informaba en días pasados que en el Sena, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, a la planta de 6.905 funcionarios se suman 26.000 contratistas que en su mayoría realizan actividades de formación. ¡Ni el mismo Ministerio que sanciona a los empresarios por supuestas violaciones de las normas laborales parece inclinado a cumplirlas! En general, muchas de esas contrataciones no se ajustan al objeto limitado en la ley, y ya en marzo la Contraloría General de la República emitió una advertencia general sobre el tema. Obviamente, los políticos quieren mantener en todo tipo de instituciones públicas la vinculación laboral por fuera de las nóminas oficiales, pues no tiene controles eficaces y abre espacios para el clientelismo y el abuso con los recursos de los colombianos. Pero el doble rasero no puede ser un criterio aceptable para una política pública de formalización laboral, que debe ser integral. Si la formalización laboral se impone como política, debe cubrir tanto al sector privado como al público. Habrá que esperar entonces a que desde EE.UU. llegue la orden de que esto se haga, para que el Ministerio, con la sumisión que le corresponde, la implemente.