Consultas, no vetos

El segundo corolario de la Ley de Murphy establece que “toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar”. Así, nuestra Constitución, que al nacer ilegítimamente en 1991 era una de las peores del mundo, ha sufrido continuo deterioro a manos de una Corte Constitucional -integrada sin participación ciudadana- que en vez de preservarla, como se suponía era su misión, ha optado por modificarla continuamente a través de sus ‘interpretaciones’. Esto ha llevado a abusos como el de las consultas previas con las minorías étnicas, por ejemplo.La figura de las consultas previas con las minorías indígenas sanamente buscaba evitar daños a esas comunidades. Debía aplicarse en temas excepcionales y de vital importancia para ellas, como su reubicación total, y proviene del Convenio 169 de la OIT que Colombia ratificó, dentro del magro grupo de 22 (de los 185) Estados miembros que lo hicieron. Aceleradamente, la Corte ha radicalizado su alcance, y entre 2003 y 2010 pasamos de 3 a 110 procesos anuales de consulta previa en campos como la infraestructura, asuntos ambientales, erradicación de cultivos ilícitos y proyectos legislativos, entre otros.La Corte ha generado amplia y absurda jurisprudencia sobre el derecho a estas consultas, con apreciaciones que impiden fijar un término o plazo para su realización e, incluso, con consideraciones sobre la obligatoriedad de buscar el “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades, confiriéndoles así a ellas una especie de poder de veto indefinido. Hoy, todo proyecto, obra, actividad o iniciativa que pueda afectar territorios de comunidades étnicas o a sus miembros debe surtir una consulta previa. Y, no pareciéndole suficiente que el 35% del territorio nacional está titulado como alguna forma de propiedad colectiva de minorías étnicas (3,3% de la población), ha extendido la obligación a cubrir decisiones administrativas y legislativas del orden nacional que son claramente de interés general.Sujetos a la extorsión de los ‘representantes’ de esas comunidades, hoy están bloqueados los proyectos del estatuto de desarrollo rural, de la reforma a las CAR y del Código Minero, por ejemplo. Todos conocen el bloqueo al que está sometida la construcción de la vía a Buenaventura, y hasta para erradicar una plaga que ataca los cultivos de palma se está pidiendo una consulta, lo que sería un grave precedente para las autoridades responsables de proteger el estado sanitario y fitosanitario del país.El país debe iniciar ya la discusión democrática, con amplia participación nacional, de una Ley sobre consultas previas que refleje los intereses de todos los colombianos, y no sólo los de una pequeña parte de ellos. Una Ley que proteja en casos realmente serios a minorías étnicas verdaderamente ancestrales con voceros legítimos, y no a grupos oportunistas que buscan explotarla mañosamente. Una Ley que preserve unos temas de interés nacional en los que la participación de minorías étnicas se surta en las mismas condiciones que la del resto de los colombianos. Una Ley que establezca un procedimiento claro, con plazos y términos, pues las dilaciones, la inasistencia o el retiro de una consulta no pueden bloquear a Colombia. Una Ley, en fin, que facilite discusiones y posibles acuerdos, sin generar poderes arbitrarios de veto para unos sectores de la población en detrimento del resto de la Nación.