Zancadilla a la Justicia

Junio 18, 2010 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

El 99,9% de los vallecaucanos ignorábamos la existencia de una cosa llamada Consejo Seccional de la Judicatura. Pero esta semana, este ente salió de la ‘clandestinidad’ con la decisión de uno de sus integrantes de suspender la sanción impuesta a Juan Carlos Abadía, por su flagrante participación en política en los comicios legislativos, dizque para no causarle un “perjuicio irremediable”.Este Consejo es otro de los embelecos creados por la Constitución del 91, como la Comisión Nacional de Televisión y el propio Consejo Superior de la Judicatura, que no sirven para nada pero nos cuestan un dineral a los contribuyentes colombianos. ¿O es que alguien aparte de los abogados de Juan Carlos Abadía sabe para qué sirve? Ellos sí tenían muy clara la existencia de este tribunal y sabían que era la instancia propicia para materializar sus propósitos de esquivar el ejemplar castigo impuesto a Abadía. Con toda razón, el procurador Alejandro Ordóñez montó en cólera ante la zancadilla que este Consejo le ha puesto al serio trabajo que la dependencia a su cargo realizó en el caso de Abadía. Y le asiste toda la razón cuando dice que esa decisión “burla la función disciplinaria, agraviando el ordenamiento y la moralidad pública”. Porque lo que aquí está en juego no es si se cae o no una sanción contra un funcionario público. Lo que esta decisión pone en peligro, para felicidad de todos los funcionarios corruptos de este país, es el control disciplinario que ejerce la Procuraduría. Porque si prospera la pretensión de Abadía, en adelante cualquier bandido podrá recurrir a un tutelazo para burlar la sanción que le apliquen. Es una osadía que una señora tan desconocida como el tribunal que representa, diga que en este caso hay un choque de trenes. No, aquí lo que hay es un autoferro, pésimamente manejado, que se le atravesó al tren de la Procuraduría y está a punto de hacerlo descarrilar. Si bien la decisión de este Consejo nos tomó por sorpresa, lo que a nadie debió sorprender es que alguien experto en andar por carreteras destapadas como Juan Carlos Abadía estuviera detrás de este lío. Era apenas natural que el más claro representante en el Valle del ‘Todo Vale’ y de la ‘cultura del atajo’ recurriera a cualquier argucia para derribar el severo castigo que le impusieron. Y que para ese propósito utilizara argumentos tan efectivos como los que usó para hacerse elegir presidente del Concejo caleño o para hacer aprobar las vigencias futuras.Abadía es ‘aventurero’ pero no tonto. Por eso, su propósito no es que lo restituyan en el cargo, porque ningún tribunal, por desconocido e inocuo que sea, se va a arriesgar a tumbar un fallo tan sólido como el proferido por la Procuraduría. Lo que él busca, como bien lo advirtió el Procurador, es ganar tiempo para garantizar que lo sustituya un ‘mompa’ suyo y evitar que el nuevo gobernador sea elegido por los vallecaucanos. Tal es el perjuicio, ese sí irremediable, que este tribunal está causando, al hacerse eco de las pretensiones del funesto ex gobernador.Pregunta final: ¿Qué poderosos motivos y qué imperiosos afanes habrá detrás de esta maniobra jurídica, que tanto daño le está haciendo a la imagen y la institucionalidad del Valle?

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