Vigencias sin futuro

Septiembre 10, 2010 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Pavimentación del callejón los bambucos en Guacarí; pisos de la escuela José María Córdoba en Dagua; construcción parque de los cholados en Cali; adecuación cancha de El Brillante, en Ulloa.Estas son algunas de las 75 obras ‘estratégicas’ que se deben financiar con las vigencias futuras adoptadas por el gobierno de Juan Carlos Abadía, con la sumisa complacencia de la Asamblea Departamental.Más allá de los cuestionamientos que la Contralora General de la Nación le hace a esa figura, y que la llevaron a pedir su suspensión, las vigencias del Valle tienen múltiples defectos que agravan exponencialmente el problema. Lo primero es que usar un endeudamiento a doce años, con un interés del DTF más cinco, para hacer el piso de una escuela, es como comprar una caja de huevos con tarjeta de crédito y diferir el pago a 36 cuotas. Es decir, un despropósito financiero. Si la Gobernación considera importante hacer esa obra, que la haga, pero con recursos corrientes y sin endeudarse.Lo segundo es que un departamento que tiene un déficit de $170.000 millones adquiera compromisos por $650.000 millones --que con intereses ascienden a $1 billón 187.675 millones-- equivale a que una persona que no tiene para pagar el arriendo ande pensando en comprar una casa. El plan de pagos establecido para esas vigencias revela que Abadía sabía que el Valle no tiene cómo pagar esa deuda, porque el primer pago grueso de $80.000 millones lo fijó para el 2012, cuando su período de gobierno ya había acabado. En resumen, de las 75 obras previstas para hacerse con esas vigencias, a lo sumo cinco justificaban financiarse a largo plazo. Lo grave es que, en el caso del Valle, acatar la orden de la Contralora de desmontar esas vigencias va a resultar complicado. Porque tanto las obras como quienes las deben hacer y terminar de diseñar ya están contratadas. El problema para esos contratistas es que no han podido hacer el cierre financiero. Natural, ningún banquero sensato va a prestar ese platal cuando quien debe responder, en últimas, es una entidad con tantas afugias económicas como el Valle. Con lo cual, lo más probable es que la Gobernación termine por declarar la caducidad de esos contratos. Pero el problema no acabará ahí, pues de seguro los contratistas alegarán que ya invirtieron una plata y que el cierre financiero no se logró por factores ajenos a ellos. Y se vendrá una demanda multimillonaria. El camino más sensato, entonces, para arreglar este lío que dejó el señor Abadía parece ser buscar un acuerdo con esos contratistas y renegociar las vigencias, para hacer las cinco obras que realmente vale la pena hacer por ese camino. Así, el monto del compromiso que adquiriría el Departamento sería alrededor de una tercera parte de los $650.000 millones originales. No es el ideal. Lo sensato sería evitarle nuevas obligaciones a un ente territorial con semejante fragilidad financiera. Pero, infortunadamente, a estas alturas no se puede pensar en ideales, porque el mal ya esta hecho.Lo que queda es buscar el daño menor para el Valle. Y eso sí, cerciorarse de que los autores de este exabrupto, Abadía y sus ‘cuates’ de la Asamblea, respondan por el perjuicio que le causaron al Valle.

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