Terroristas, a la calle

Quienes votamos por el Sí en el plebiscito de octubre teníamos claro que para que el conflicto con las Farc llegara a su fin, era preciso tragarse muchos sapos.

Por ejemplo, tener que ver sentados en el Congreso a algunos de los jefes de la guerrilla. Pero, pensábamos, y seguimos pensando, que era mejor tener a esos sujetos dando lora en el Senado que bala en el monte.

Lo que ignorábamos, o al menos ignoraba yo, era que tendríamos que presenciar la excarcelación masiva, y sin que medie reparación, confesión o arrepentimiento, de los responsables de los peores atentados perpetrados por las Farc. El caso más notorio y que tiene indignado al país, incluidos muchos de los que apoyamos el proceso de paz, es el de Hermínsul Arellán.

Este sujeto fue uno de los cerebros del ataque al club El Nogal, en febrero del 2003, que dejó 36 muertos y 167 heridos. Él mismo armó el carrobomba que destruyó la sede del club y utilizó a su sobrino, que era profesor de squash allí, para introducir el vehículo al parqueadero. Por esos hechos, Arellán fue condenado a más de 30 años de cárcel.

Pues más se demoró en acogerse este terrorista a la Justicia Especial para la Paz, JEP, que un juez en dejarlo en libertad. Es muy difícil entender que el autor de tan abominable hecho reciba ese beneficio cuando el tribunal de la JEP aún no se ha conformado. Y ni siquiera han sido designados los magistrados que lo integrarán.

Porque una cosa es que cuando el tribunal de la JEP ya esté operando analice el caso de Arellán y, después de estudiarlo a fondo, llegue a la conclusión que se le puede dar ese beneficio al ‘Carnicero’ de El Nogal. Pero que por solo acogerse a la JEP se le abran las puertas de la cárcel a semejante monstruo, sí es indignante.

Los defensores de esa decisión aclaran que Arellán seguirá vinculado a un proceso penal y que no ha sido amnistiado. Lo que puede ser cierto. Pero lo dejaron libre a cambio de nada. Y de aquí a que se conforme la JEP y que ese tribunal aborde su caso, quién sabe en qué parte del mundo estará este sujeto.

No lo duden, a este personaje no lo volvemos a ver tras las rejas nunca.

El caso de Arellán no es único. Más de 400 exguerrilleros que se han acogido a JEP y unos cuantos militares han sido excarcelados (entre otras cosas, la libertad otorgada al general Uscátegui también me parece precipitada). Pero sí es el más indignante.

Este tipo de decisiones minan en forma grave la credibilidad en el acuerdo de paz. Y le dan la razón a aquellos que pronosticaron que los responsables de los peores delitos perpetrados por las Farc van a quedar libres de polvo y paja y sin mayor esfuerzo.

La forma de corregir este desaguisado es sencilla: que a través del Fast Track se apruebe una ley que establezca que solo el tribunal de la JEP, cuando esté debidamente integrado, podrá conceder libertades a condenados por terrorismo o delitos de guerra.

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A propósito del Fast Track, en buena hora la Corte Constitucional decretó que los proyectos que el Gobierno presente al Congreso a través del ese mecanismo sí pueden ser modificados durante su paso por el Legislativo.

Por un lado, la Corte demostró que esto no es Venezuela y que aquí los tribunales de justicia no son subalternos del Ejecutivo. Y del otro, los congresistas dejarán de ser unos meros firmones de lo que al Gobierno y a las Farc se les antoje.
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