Procurador ejemplar

Julio 18, 2014 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Alejandro Ordóñez ha sido uno de los mejores procuradores que hemos tenido. Ningún otro procurador sancionó a tantos funcionarios, de todos los niveles y de todos los colores políticos, como él lo ha hecho. Sin duda, ha cumplido de forma eficiente la misión que le encomendaron, velar porque los funcionarios se comporten bien en sus cargos. Y sancionar a quienes se tuerzan. El caso más sonado, de cuantos Ordóñez ha afrontado, ha sido el del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, a quien el Procurador destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 14 años. No lo hizo porque Petro sea exguerrillero, como este ha querido hacer ver. Lo hizo en estricta aplicación del código disciplinario único que establece para las faltas consideradas gravísimas ese nivel de sanción. Y si estar a punto de causar una emergencia sanitaria en la principal ciudad del país, por terquedad, incompetencia y/o improvisación, no es una falla gravísima, quisiera saber qué lo es. Ocurre que este funcionario ejemplar, me refiero a Ordóñez no a Petro, está a punto de ser echado de su cargo. Y no propiamente por incompetente. Conspicuos miembros de la Social Bacanería bogotana se han unido con petristas y santistas para, a punta de leguleyadas, sacar a patadas a Ordóñez.La Social Bacanería, que posa de muy tolerante pero que no perdona que haya gente que piense diferente a ella, detesta a Ordóñez por que le parece demasiado creyente. Sin ir más lejos, el titular de la última revista Semana, (vocera de la SB) ‘Vaya con Dios’ es una sarcástica referencia a las convicciones religiosas del Procurador. Sus razones, pues, para sacarlo de la Procuraduría son viscerales. Los petristas, por su lado, quieren cobrarle al Procurador su osadía de haber aplicado la ley al destituir al alcalde capitalino. Ordónez les parece demasiado estricto. Y a los santistas les parece demasiado independiente y quieren tener en la Procuraduría a alguien, digamos, más cercano al Gobierno y más obediente a las directrices que se tracen desde el Palacio de Nariño.Veintitrés años después de expedida la Constitución y luego de que por ese cargo han pasado varios funcionarios, entre ellos uno que fue reelegido, esos ‘conspiretas’ se vinieron a dar cuenta de que esa reelección es inconstitucional. La Carta no dice nada al respecto. Y a mí me enseñaron desde chiquito que lo que la ley no prohibe, está permitido. Pero, para sustentar la presunta ilegalidad de esa reelección, los conspiretas han sacado un argumento peregrino: que eso es válido para la gente del común, pero que para lo relativo al funcionamiento del Estado opera otra máxima: “todo aquello que no esté expresamente autorizado debe entenderse prohibido”.Si ese absurdo argumento se homologara a las normas del tránsito, en todas las esquinas donde no hay que hacer pare habría que poner una señal que informase que se puede seguir.Lo cierto es que, en este caso, las razones jurídicas son lo de menos. Aquí de lo que se trata no es quién expone los mejores argumentos para convencer a los 27 consejeros de Estado, que deben dirimir el caso, sino cuál de las partes tiene más ‘amigos’ en ese Tribunal. Y como en esas instancias las amistades cuestan, el bando que se impondrá será el que tenga más para ofrecer. Con lo cual, para satisfacción de los bandidos enquistados en la Administración Pública, la posibilidad de que el Procurador salga de su cargo es alta.

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