Por qué sí

Diciembre 18, 2015 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

A cuatro meses de que se firme el acuerdo de paz con las Farc, tengo más dudas que certezas sobre lo que se ha acordado en La Habana. Y es que los acuerdos dados a conocer hasta ahora son un inventario de buenos propósitos con muy pocas acciones concretas.Por ejemplo, en lo acordado esta semana en el punto de víctimas se dice que “las Farc quedaron comprometidas a contribuir a la reparación material de las víctimas”, lo que es un enunciado muy gaseoso, porque por ningún lado se establece cómo será esa reparación. Lo peor es que en otro aparte de ese acuerdo se dice que el responsable subsidiario de esa reparación será el Estado, lo que significa que si las Farc se declaran insolventes, como hacen todos los pícaros de cuello blanco de este país, terminaremos los colombianos reparando a las víctimas. (Ojo, las Farc ya anunciaron que no tienen un peso). Otro punto igualmente gaseoso es el que establece las sanciones para los protagonistas del conflicto. Supuestamente son de tres clases, que dependen de si la persona investigada acepta sus responsabilidades y si las acepta temprana o tardíamente.A quienes acepten su culpa tardíamente se les aplicará una “restricción de la libertad” pero no se precisa qué tipo de restricción será. Sólo se sabe que a la cárcel no irán. Pero restricción de la libertad es un concepto muy amplio que puede ir desde recluirlos en una colonia agrícola hasta impedirles la salida del país.Entre líneas uno advierte que a quienes acepten desde el principio sus faltas se le aplicará una sanción simbólica, como un trabajo social. Más grave aún es que a estas alturas no se sabe cómo se conformarán los tribunales que se encargarán de hacer esos juicios. Y cuya independencia será clave para darle credibilidad a las sanciones que apliquen.Nadie sensato aspira a que a los jefes de las Farc los condenen a 40 años de cárcel por los crímenes que cometieron. Es claro que ningún subversivo accede a abandonar las armas con semejante perspectiva. Lo que sí requerimos es que el gobierno diga sin rodeos qué castigo se les va a imponer y en que tipo de establecimiento pagarán ese castigo. Es inaceptable que se quiera confundir a la gente con una muralla de conceptos difusos y ambiguos. Si la decisión es que ‘Timochenko’ y compañía no paguen cárcel, que lo digan y que acepten el costo político de esa decisión.Porque al leer detenidamente los puntos que se han acordado hasta ahora queda la sensación que la estrategia que hay detrás de los mismos es que la gente no entienda lo que se está pactando, a fin de que no tenga argumentos para rechazar esos acuerdos.Pareciera que se quiere ocultar la verdad monda y lironda: que todo proceso de paz tiene una gran dosis de impunidad. Y que como la meta de esta negociación es que los guerrilleros cambien las armas por los votos, muchos de ellos terminarán de senadores, alcaldes, gobernadores, ministros y, de golpe, hasta de presidente.Para eso son los procesos de paz. Y como yo lo tengo claro, votaré sí en el plebiscito que se hará para refrendar los acuerdos. Así, como muchos colombianos, me resulte confusa la minucia de lo pactado, estoy convencido de que es mil veces mejor tener a esos personajes botando fuego en el Congreso que dando bala en el monte. Ojalá, eso sí, que de aquí a que se produzca esa votación el Gobierno y la guerrilla tengan el valor civil de admitir lo que va a pasar tras la firma de la paz. Para que la gente sepa a que atenerse y vote por convicción, no por confusión.

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