Pensión por delinquir

Pensión por delinquir

Mayo 10, 2013 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Que en un país en el que nueve de cada diez ciudadanos no alcanzan a obtener una pensión, haya gente que reciba pensiones de más de 20 millones de pesos es una inequidad. Si quien devenga esa ‘megapensión’ es un servidor público, mayor dolor. Y si ese servidor es el encargado de hacer las leyes o de aplicar justicia, ni hablar.Por eso, la decisión de la Corte Constitucional de poner un tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del sector público cayó tan bien entre los colombianos. A pesar de que ese tope sigue siendo astronómico, frente a lo que recibe la mayoría de quienes integran esa selecta minoría que accede a una pensión. Los únicos que han protestado por esa iniciativa son los afectados. Que de forma cínica y después de haber disfrutado por años de una pensión que está por encima de lo que establece la Constitución se atreven a hablar de derechos adquiridos. ¡Qué vergüenza que sean tan buenos para defender sus propios derechos y tan malos para defender los de sus compatriotas!Pero lo más ignominioso de esa ignominia, y excúsenme el pleonasmo, es que excongresistas que perdieron su curul por haber estado envuelto en líos judiciales, hayan conservado sus millonarias pensiones. Es una inmensa paradoja que ese Estado que los sancionó por su mal comportamiento los premie preservándole su jubilación. El caso más aberrante es el de Alberto Santofimio, condenado como autor intelectual de uno de los mayores magnicidios ocurridos en este país, el de Luis Carlos Galán. Pues a este funesto personaje, que según la Justicia privó a Colombia de uno de sus mejores hombres, el Estado lo premia todos los meses con una pensión de más de 20 millones de pesos. Es como si hubieran jubilado a la viuda de Juan Roa Sierra, el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, por los ‘logros’ de su marido. Pero siendo el caso más doloroso, el de Santofimio no es el único. Sin ir más lejos, mantienen sus millonarias pensiones un puñado de paisanos que tuvieron el honor de ser elegidos congresistas y traicionaron la voluntad que los electores les entregaron, poniéndose al servicio del narcotráfico, y que terminaron condenados y sin curul por cuenta del proceso 8.000.Gustavo Espinosa recibe todos los meses 24.041.494 millones de pesos; Alvaro Mejía López, $21.444.672; Jaime Arizabaleta, $21.471.488; Hugo Castro Borja, $20.950.570; Armando Holguín Sarria, $20.456.348; Carlos Herney Abadía, $19.063.450. Asimismo, Teodolindo Avendaño, condenado por la Yidis Política, recibe una pensión mensual de $19.235.504.Y así como estos hay condenados por la parapolítica como Mario Uribe que reciben más de 20 millones del erario público todos los meses.Esta situación constituye un grosero contrasentido. Todo congresista que traicione la voluntad popular asumiendo conductas delictivas, automáticamente debe perder todos los beneficios que recibió al ser elegido. Y la pensión es una de ellas, quizás la mayor. El Estado no puede premiar de esa forma a quien se aprovechó de su condición de congresista para delinquir.Los colombianos esperamos que así como la Corte Constitucional acabó con la inequidad de las megapensiones, ponga punto final a este insulto contra la democracia.

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