Ospina, acusado

El 15 de noviembre, dos semanas largas después de las elecciones regionales, el alcalde electo de Cali tendría que presentarse ante el Juez Sexto Penal Municipal para ser acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y firma de contrato sin los requisitos legales.

Esto ocurrirá si los caleños, el próximo 27 de octubre, eligen a Jorge Iván Ospina como nuevo mandatario local.

Porque ese 15 de noviembre, Ospina, sea Alcalde o no, deberá acudir al Palacio de Justicia a notificarse de esa acusación que no es de poca monta. Uno solo de esos delitos, el de interés indebido en la celebración de contratos, contempla condenas de entre 5 y 18 años de cárcel. 

De por sí tener un alcalde subyúdice sería una vergüenza para Cali. Pero si Ospina es vencido en juicio, la ciudad se vería sometida a tener que convocar a elecciones para elegir un nuevo alcalde.

Eso no son invenciones ni persecución mediática. Es un riesgo real que debería bastar para que Ospina, si en verdad ama a esta ciudad y quiere evitarle pasar por tan penoso trance, dé un paso a un costado. En lugar de ello, y muy acorde a su personalidad histriónica y taimada, Ospina optó por sacarle jugo político a esta situación: se declaró en huelga de hambre, alegando que es víctima de una persecución judicial y mediática.

Ese ‘show’ de pronto le sirve para conmover a algunos incautos, pero como estrategia jurídica es un adefesio.

Contrasta la diligencia con la que ha actuado la Fiscalía para investigar a Ospina con la inacción que ha mostrado la Procuraduría para disciplinar al exalcalde. Esa entidad le abrió un total de 73 investigaciones disciplinarias por hechos ocurridos durante su administración. De esos 73 casos apenas nueve terminaron en un fallo, tres sancionatorios y 6 absolutorios. La gran mayoría acabaron archivados sin fallo alguno.

La actuación de la Procuraduría frente a Ospina, además de inoperante, no estuvo exenta de chambonadas. Ocurre que este periódico envió a finales del año anterior un derecho de petición a esa entidad pidiéndole que informara sobre los procesos que tenía abiertos contra Ospina. En oficio fechado el 21 de diciembre, la Procuraduría informó que el total de procesos contra Ospina eran 73, de los cuales 69 estaban activos y 4 inactivos.

Pero meses después, ante otro derecho de petición interpuesto por el propio Ospina, la Procuraduría salió con la increíble historia que había cometido un “error de transcripción” en el oficio que le envío a El País. Y entonces, por arte de birlibirloque, los procesos abiertos de Ospina pasaron a ser 4 y los cerrados 69.

Un amigo suspicaz que tengo afirma que la indulgencia con la que la Procuraduría trata a Ospina se debe a la profunda cercanía que tiene el jefe de ese organismo, Fernando Carrillo, con el expresidente César Gaviria (Gaviria fue el mentor político de Carrillo y en su gobierno el hoy procurador fue ministro de Justicia). Y Gaviria hoy es uno de los grandes patrocinadores de la candidatura de Jorge Iván.

La verdad es que Carrillo sí es muy político y dicen que anda en plan de organizar su candidatura presidencial del 2022, para la cual requerirá del apoyo de Gaviria. Sean ciertas o no esas suspicacias, el blindaje no le sirvió a Ospina con la Fiscalía, entidad que sí actuó en el caso del ladino exalcalde caleño.

A quien le recomiendo que en vez de embarcarse en huelgas de hambre, alimente muy bien su defensa, devore el expediente y se llene de argumentos porque los jueces no le comen cuento a ese populismo ramplón.

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