Los 11 del patíbulo

Enero 14, 2011 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

El nuevo escándalo que sacude a la política del Valle es el más reciente capítulo de una novela que, desgraciadamente, no parece tener fin. Ese drama regional comenzó a escribirse años atrás con la captura de dos concejales de Cali por haberse apropiado de $56.000 millones que iban para los niños más pobres de la ciudad, según lo aseguró el Fiscal de la época. Luego vino la destitución del alcalde Apolinar Salcedo por haber firmado un contrato que todo el mundo le advirtió que no debía suscribir. Posteriormente ocurrió la destitución del gobernador Juan Carlos Abadía por indebida participación en política. Y hace poco se produjo la detención del alcalde de Yumbo, sindicado de haber adquirido con dinero oficial un lote, por un valor muy superior al real.En lo que se constituye en otro golpe a la deteriorada imagen del Concejo Municipal, el nuevo escándalo involucra a sus actuales presidente y vicepresidente, Jaime Gasca y Fernando Tamayo, así como a otros nueve cabildantes del período 2004-2007: el ex gobernador Juan Carlos Abadía, el senador César Tulio Delgado, el secretario de Planeación del Valle, Christian Garcés, los actuales concejales José Fernando Gil, José Luis Pérez y Clementina Vélez, además de Fabiola Perdomo y Carlos Urresty. Este selecto ramillete deberá presentarse ante el Procurador General para explicar por qué eligió contralor de Cali a una persona inhabilitada para ejercer el cargo, por haber sido hasta dos meses antes de su elección, subcontralor municipal. Para empezar a entender porque ocurrió esta metida de pata basta decir que el entonces presidente del Cabildo era Abadía. Se rumora que el objetivo tras la elección de ese contralor de bolsillo era que éste descongelara unos recursos que estaban embargados por cuenta de la investigación por el robo de los $56.000 millones de la educación de los niños pobres. Como efectivamente lo hizo a los días de acceder al cargo. Se dice también que los once personajes que votaron por Piedrahíta fueron acuartelados en una casa del sur de Cali y llevados en una buseta al Concejo, para evitar que alguno se volteara, como había ocurrido un año atrás, cuando había una coalición armada para elegir presidente del Cabildo a Clementina Vélez y un repentino ‘cambio de opinión’ facilitó la elección de Abadía. Más triste que esos episodios bochornosos es que los implicados pretendan eludir su responsabilidad con el cínico argumento de que el voto es secreto y que no hay forma de determinar quién votó por Piedrahíta. Por fortuna se equivocan: ese es un secreto a voces pues quienes no votaron por esa persona dejaron constancia pública o estaban ausentes del hemiciclo ese día. Y basta restar esas constancias y esas ausencias para saber quién apoyó a Piedrahíta. Lo más triste es que la casi segura extradición de la política de estos personajes no servirá para nada. Como no sirvieron las sanciones impuestas a Abadía, Salcedo y compañía, porque esos personajes siguen manejando la política regional a través de terceros.Así que no queda sino prepararnos para el siguiente escándalo. O de una vez por todas unirnos para arrebatarle el control de la actividad pública a quienes la tienen secuestrada hoy.

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