Justicia paradójica

Agosto 17, 2012 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Los caleños, como pocos, podemos dar fe de que la Fiscalía suele pecar por exceso o por defecto en sus actuaciones. Unas veces, como en el caso de Sigifredo López, se le va la mano en severidad. En otras, como en la investigación por el contrato de Sicali en buena hora finiquitado por la actual Administración Municipal, se excede en indulgencia.Es increíble que al ex diputado lo hayan tenido privado de la libertad 89 días con unas pruebas pegadas con babas: un video en el que se oía poco y no se veía nada. Y las versiones de unos detenidos expertos en fabricar testimonios para conseguir beneficios.El perjuicio que se le causó a Sigifredo en esos 89 días fue sideralmente mayor que el que le ocasionaron las Farc en los 7 años que lo tuvieron secuestrado. Porque siquiera sugerir que este hombre pudo participar en el secuestro de sus colegas de la Asamblea es ponerlo en la categoría de Garavito y demás monstruos de los anales de nuestra justicia.Y es que así Sigifredo haya quedado libre, más de un ‘malalechoso’ seguirá pregonando que si lo detuvieron fue por algo. Con lo cual al ex diputado le va a costar mucho recuperar la honra que la Fiscalía, con su precipitada actuación, le puso en tela de juicio.Contrasta esa dureza de la Fiscalía con la laxitud con la que actuó frente al contrato leonino que firmó el entonces alcalde de Cali Apolinar Salcedo, para entregarle el recaudo de los impuestos municipales a la firma Sicali.Es insólito que nadie haya respondido penalmente por un contrato que nunca se debió haber firmado porque todas las ‘ÍAS’ y varios medios de comunicación advertimos sobre su inconveniencia e ilegalidad. Y que al final le terminó costando más de un billón de pesos al Municipio.Mientras la Procuraduría terminó destituyendo a Salcedo por perpetrar semejante barbaridad, la Fiscalía consideró que el entonces Alcalde no había cometido ninguna ilegalidad (!!!) y no le impuso la menor sanción por causarle semejante perjuicio a la ciudad.Algo peor ocurrió con los concejales que autorizaron a Salcedo a cometer ese despropósito. Sobre ellos no recayó responsabilidad política, ni disciplinaria, ni penal. Fueron cómplices de ese desfalco a la ciudad y pasaron de agache. Incluso hoy, varios de ellos siguen campantes en sus curules, urdiendo nuevas trapizondas para beneficiarse ellos, sin importar el perjuicio que le causan al municipio.Para no hablar de la red de asesores invisibles que tenía Apolinar y que le ‘vendieron’ ese negocio. Muchos de ellos siguen por ahí rondando las oficinas públicas, a la pesca de un nuevo contrato o de algún incauto que esté dispuesto a venderle el alma al diablo, a cambio de unas monedas.Qué mal sabor nos dejan a los caleños estas paradojas de la justicia. Por un lado, sometió a una nueva tortura a un hombre que ya había sufrido suficiente para toda su vida. Y por el otro, los autores de uno de los mayores atentados contra las finanzas de una ciudad con tantas necesidades por resolver, están ricos, muertos de la risa y libres de polvo y paja.Qué malos precedentes para una sociedad que, como pocas, requiere una justicia creíble, para que la gente, de una vez por todas, deje de buscar justicia por cuenta propia.

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