Elemental injusticia

Agosto 30, 2013 - 12:00 a.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Mañana se cumplen cinco años del bombazo de las Farc que destruyó el Palacio de Justicia, mató a cuatro personas y dejó en la calle a los propietarios de decenas de negocios adyacentes al Palacio, que también resultaron afectados con el atentado. Tan grave como el ataque terrorista es que cinco años después esa edificación, que es el corazón de la Justicia caleña, aún no haya vuelto a operar. Y que la justicia siga administrándose en locales improvisados e inadecuados para cumplir tan importante función.El proceso de reconstrucción de esa edificación ha sido otra tragedia. Comenzó dos años después del atentado y aún no concluye. La obra civil, al menos la de la torre B, está lista desde hace casi un año. Pero los jueces no se han podido trastear. Primero porque no tenían muebles desde donde despachar. A pesar de que desde hace más de un año el Consejo de la Judicatura, uno de los órganos más incompetentes y politiqueros de un país donde ese tipo de instituciones pululan, contaba con el presupuesto para adquirir ese mobiliario, la licitación que se montó para adjudicar esa compra fue declarada desierta, por cualquier tecnicismo legal. Finalmente se hizo otra licitación y ya la edificación está debidamente dotada. Y cuando se pensaba que no había más escollos para que los jueces pudieran comenzar a despachar desde allí, surgió un imprevisto que es como para 'replay'. Aunque usted no lo crea, las cabinas de los ascensores que se adquirieron resultaron ser más grandes que los huecos por los que deben moverse esos aparatos. (!!!)En fin. Lo cierto es que 60 meses después del atentado que derruyó el Palacio, este sigue como un monumento a la desidia oficial. Más allá de la vergüenza que esto representa para Cali, estoy convencido de que la demora en la rehabilitación de este edificio, y las consecuentes pésimas condiciones en las que deben trabajar nuestros jueces, está directamente relacionada con el aumento de la delincuencia que se ha registrado en la ciudad durante los últimos años. Primero porque a muchos delincuentes que debían estar a buen recaudo, por falta de espacio para procesarlos se le vencen los términos para su juzgamiento y quedan libres. Y segundo porque ante esa inoperancia de la Justicia, la gente simple y llanamente opta por hacer justicia con su propia mano. Esa, sin duda, es una de las razones de que en Cali se produzcan tantos homicidios por los llamados ajustes de cuenta.Lo más triste es que aún no hay fecha para la entrada en operación del Palacio. La única salida para agilizar la entrega de esta edificación, y para que el resto de la obra se haga, es que los caleños que pueden hacerse sentir en Bogotá hagan presión para, de una vez por todas, poner fin a esta ignominia.Es una excelente oportunidad para que el paquidérmico bloque regional, que reune a nuestros honorables congresistas, trascienda las declaraciones grandilocuentes y logre algo tangible para la ciudad. Porque hasta el momento se han movido más los ascensores del Palacio, que nuestra clase dirigente para exigirle a la plutocracia bogotana que tenga el elemental acto de justicia con Cali, de darle una espacio adecuado para que opere la ídem.

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