Dictadura colombiana

Dictadura colombiana

Agosto 17, 2017 - 11:55 p.m. Por: Diego Martínez Lloreda

Dos expresidentes del máximo tribunal de Justicia acusados de recibir plata para torcer procesos; el mayor elector del partido de Gobierno sindicado de pagar para embolatar una investigación que se le sigue por paramilitarismo; una comisión legislativa encargada de investigar que nunca ha sancionado a nadie; altos funcionarios del Gobierno investigados por haber recibido plata para adjudicar las construcción de una carretera.

Y un presidente que, en medio de este caos, sale a afirmar que “no es que haya más corrupción, el esfuerzo que se está haciendo está dando resultados y eso es alentador, esto quiere decir que nuestras instituciones sí funcionan”.

Aunque usted no lo crea, todo esto no ocurre en Venezuela, país que en Colombia miramos por encima del hombro porque está gobernado por una dictadura corrupta. No, acontece en Colombia, que nuestros padres de la Patria se empecinan en vender como una democracia ejemplar, a pesar de que los hechos demuestran que aquí también estamos sometidos a una dictadura. La dictadura de la corrupción.

Esa dictadura se tomó por igual las tres ramas del poder público. Y no precisamente en sus bases, sino, como dijo el propio presidente Santos, en sus más altas esferas. Los personajes involucrados en el más reciente escándalo, que ya opacó el de Odebrecht, son dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, el Presidente del Partido Conservador, el mayor elector del partido de Gobierno y un precandidato del mayor partido de oposición.

Particularmente grave lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia, el más importante tribunal del Estado colombiano. Se supone que quienes llegan allí reúnen las más altas calidades profesionales y morales, porque son los más altos jueces de la República. Y dos expresidentes de ese tribunal terminan acusados de recibir gruesas sumas de dinero para alterar fallos judiciales.

El daño que estos pillos le hicieron a la justicia nacional es incalculable. Si en la más reciente medición de la encuesta bimestral de Gallup el 82 % de los consultados dijo tener una opinión desfavorable de la Administración de Justicia, no quiero imaginar en qué quedó la imagen de esa rama tras este escándalo.

Con razón alguien dijo que este escándalo le hace más daño a la Corte Suprema que el holocausto del Palacio de Justicia. En ese entonces los magistrados fueron las víctimas, y a pesar del golpe que significó la pérdida de juristas de la talla de Alfonso Reyes Echandía, Alfonso Patiño Roselli y Manuel Gaona, ese martirio llevó el prestigio de la Corte a su punto más alto. Pero ahora los magistrados son los malos de la película y pusieron por el suelo la imagen de ese tribunal.

De seguro la CSJ requiere muchas cambios, entre ellos la forma en que se eligen los magistrados y quitarle las facultades nominativas, para evitar su clientelización. Pero ninguna constituyente, como la que proponen ahora los políticos oportunistas, servirá si el país no se rebela de una vez por todas contra la dictadura de la corrupción que nos está gobernando.

No, señor Presidente, lo que está pasando no es nada alentador y no demuestra que las instituciones están funcionando, si no que están podridas.

Hacer conciencia sobre la gravedad del problema es quizás el primer paso para generar un cambio que luce más complicado que desalojar del poder en Venezuela a Maduro y sus secuaces.

Sigue en Twitter @dimartillo

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