Cuestión de justicia

Más de 700 personas han sido asesinadas en Cali en los primeros siete meses del año. Cifra aterradora, que sobrepasa la de los homicidios ocurridos en Bogotá, que tiene tres veces la población de la capital del Valle.

Es verdad que, frente al año pasado, hay una reducción del 10%. (Al cierre del primer semestre la caída era del 15%, pero en julio la violencia recrudeció y los asesinatos aumentaron frente al mismo mes del 2016). Pero Cali sigue ostentando, por mucho, el poco honroso título de ser la ciudad con más muertes violentas del país.

Las autoridades suelen atribuir la mayoría de esos asesinatos a la intolerancia y enfrentamientos entre organizaciones criminales. Pero al mirar la encuesta bimestral de la firma Gallup se detecta otra causa: en una de las últimas mediciones de esa encuesta, el 82% de los entrevistados dijo tener una opinión desfavorable de la administración de Justicia.

Y mucho me temo que si la encuesta la aplicaran solamente en Cali, la proporción de escépticos aumentaría. Con lo cual, no me cabe duda que uno de los mayores móviles de los homicidios que ocurren aquí es que mucha gente decidió hacer justicia por cuenta propia.

Ante la inoperancia de la Justicia, más de uno prefiere contratar un sicario para vengar la muerte de un ser querido. Y otros recurren a las oficinas de cobro, que tienen métodos muy persuasivos para convencer a los morosos para que paguen sus deudas.

Incluso, me cuenta un abogado amigo, que algunos colegas suyos le ofrecen a los clientes las dos posibilidades: acudir al aparato de Justicia y someterse a la lentitud y a la desidia de ese sistema o, simplemente, usar la vía rápida y tenebrosa de la justicia privada. Aterrador, pero está ocurriendo.

Y, la verdad, las autoridades no están haciendo mucho para mejorar su credibilidad. No ayudan para nada en ese propósito casos como el de los policías involucrados en el asesinato de un profesor a quien no sólo le quitaron la vida sino que, según la Fiscalía, le pusieron una pistola en la mano y lo quisieron hacer aparecer como miembro de una banda criminal.

Tampoco ayuda el trato displicente que las autoridades bogotanas, y en especial la Fiscalía, le otorgan a Cali. No sólo no han puesto una piedra del búnker que prometieron construir hace más de un lustro, sino que, además, ahora se están llevando a los pocos fiscales con que contamos
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Sí, aunque usted no lo crea, le acaban de sonsacar a la ciudad con más asesinatos del país a cinco fiscales de la unidad antihomicidios, dizque dentro de un plan que tiene esa institución para llegar a municipios del país donde nunca ha estado.

Loable e incluyente objetivo, pero que se lleven los fiscales de donde no los necesitan. Por ejemplo de Tunja, donde ocurrieron 6 homicidios el año pasado.

Pero ocurre que en la Fiscalía, y en las demás entidades nacionales, tienen claro que el Valle no tiene quién lo defienda. Su bancada parlamentaria de eso no tiene sino el nombre, porque sus integrantes, con contadísimas excepciones, únicamente velan por sus propios intereses y los del departamento, los tienen como quinta prioridad. Pero eso es harina de otro costal.

Volviendo al tema de los homicidios en Cali, mientras la administración de Justicia no haga algo, y contundente, para recuperar la credibilidad ciudadana, difícilmente pararán de correr los ríos de sangre en la ciudad.

Sigue en Twitter @dimartillo