6024455000No tocar la ley de garantías
Algunos argumentan que esta Ley podría modificarse pues se aprobó cuando existía reelección en el país.
En Colombia han hecho carrera los más graves fenómenos de corrupción y el clientelismo se ha extendido en las relaciones políticas a todo nivel.
En tiempos de campañas, los nombramientos y prebendas burocráticas, y las influencias y manipulaciones en contrataciones estatales han afectado la igualdad de condiciones y la transparencia electoral. Por eso han sido restringidas justificadamente en la Ley de Garantías desde 2005. Esta Ley no afecta la marcha del país y en cambio fortalece la democracia.
El país ha vivido escándalos por recursos públicos que terminaron desviados hacia campañas o utilizados en beneficio de unos candidatos, o en los bolsillos de aspirantes para conseguir el apoyo de los votantes. Las ‘mermeladas’, los ‘cupos indicativos’, la ejecución de regalías con controles débiles y modalidades como los convenios interadministrativos no han escapado de la corrupción electoral. Si bien la Ley de Garantías no es la panacea para estos males, contribuye a reducir los riesgos.
Algunos argumentan que esta Ley podría modificarse pues se aprobó cuando existía reelección en el país. La realidad es que no estamos preparados para suprimir sus fundamentos y los límites que allí se definen deben preservarse porque aportan a la legitimidad e imparcialidad en elecciones nacionales y territoriales.
En distintos lugares no se imponen el liderazgo comunitario, la ideología política o las propuestas programáticas, sino el fenómeno poderoso de los contratos utilizados por políticos inescrupulosos con fines electoreros. Esa amenaza no ha desaparecido y se mantendrá mientras las costumbres electorales no cambien. No tenemos una cultura política sobre el significado del voto y menos aún una conciencia universal sobre la esencia de las elecciones limpias en una democracia. Las brechas en educación llevan a que infinidad de personas voten a cambio de favores en relaciones clientelistas en las que muchas veces entran en juego los contratos del Estado.
Al mismo tiempo, nuestro sistema administrativo y judicial de vigilancia electoral es lento en sus procesos. Cuando se comprueban las infracciones muchas veces han terminado los períodos de los elegidos o incluso han expirado los plazos para imponer sanciones, lo que genera impunidad indignante.
En estos días, a raíz del proyecto legal de Presupuesto, se ventilan argumentos a favor de cambiar la Ley de Garantías porque supuestamente ésta frena el cumplimiento de programas de alcaldías, gobernaciones y otras entidades. El argumento de la parálisis en la administración no es fidedigno, si existe una adecuada planeación de proyectos y una ajustada ejecución del presupuesto. Si esto ocurre, no debería afectarse la función pública. Además, aunque la ley vigente suspende mecanismos como los convenios y la contratación directa, permite las licitaciones públicas y las contrataciones en temas urgentes de salud, educación, desastres naturales, entre otros.
El debate del país debería enfocarse a la necesidad de enfrentar con eficacia los delitos electorales y de revivir la esencia de la política como profesión para el verdadero servicio público. Esto requiere cerrar todos los espacios posibles a los corruptos, fortalecer instituciones de vigilancia y control, e impulsar transformaciones educativas para una cultura política distinta en los electores y en los elegidos. Sin que se produzcan esos cambios, modificar o abolir la Ley de Garantías sería una grave decisión que pagará la democracia.
