La fórmula del todos ponen

Como muchos colombianos, estoy en desacuerdo con que a los pilos se les cierren las opciones y que el país tenga que renunciar a que el talento humano de alta calidad reciba la formación que se requiere para el desarrollo sostenible del país.

Las universidades no estatales calificadas como entidades sin ánimo de lucro por la Dian son, en la práctica, públicas. Suena desconcertante, pero lo son. Sus estatutos son aprobados por entidades gubernamentales, sus utilidades deben reinvertirse y en caso de liquidarse sus activos restantes pasan al Estado si no han sido destinados a una entidad similar. Se diferencian de las estatales en su manejo y administración pero también prestan el servicio público de educación y contribuyen a llevar a la práctica este derecho en la sociedad. El hecho que el Gobierno incluya a estas instituciones en la oferta de educación superior para los mejores estudiantes, con el programa Ser Pilo Paga (SPP), no significa un desvío inapropiado de recursos pues el resultado último es la formación de calidad como parte del derecho a la educación. Especialmente en un país donde estudiantes de alto rendimiento y disciplina académica no encuentran cupos suficientes en la educación estatal.

Hay que desmontar el mito según el cual con los recursos de SPP se podrían matricular proporcionalmente más estudiantes en las estatales que en las de administración privada. En las primeras no solo faltan cupos, sino que el costo allí no es más favorable. En las cuatro universidades estatales que clasifican en las 16 mejores por resultados SaberPro, la estimación de Mineducación sobre ese valor semestral por estudiante en 2017 fue $9.728.615 en la Nacional, $3.873.598 en la UIS, $5.183.616 en la de Antioquia y $6.675.433 en UniValle. Así, en promedio, esa cifra en una estatal de alta calidad está en el mismo rango de las no estatales más reconocidas. Y esos cálculos solo consideran aportes de la Nación, los departamentos y recursos parafiscales, pues si se incluyeran otros ingresos de las universidades estatales el monto por estudiante resultaría bastante mayor. Por otro lado, la universidad no estatal ha demostrado integrarse de manera más eficaz en alianzas de investigación, en la innovación para el desarrollo, y en la formación de profesionales acordes con las necesidades del sector productivo.

El reto para mejorar el SPP es diseñar una fórmula de todos ponen, sostenible y participativa. Un esquema en el que el programa SPP aporte para la financiación el 80% y las universidades el 20%, sin superar un techo establecido por estudiante. Donde las universidades estatales se comprometan con la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos que la Nación y los departamentos entregan para su infraestructura. Un modelo en el que la empresa privada fortalezca sus aportes al desarrollo de las no estatales de calidad y tenga el apoyo de incentivos tributarios que se deben revivir como aporte público a ese objetivo. También los estudiantes beneficiarios del programa, una vez egresados, aportarían a fondos solidarios para ampliar las becas ofrecidas. Con visión y el aporte de todos, será posible hacer de SPP un programa de sinergias que contribuya a disminuir la inequidad, a ampliar el reconocimiento colectivo del valor de la educación superior, y a emplear con mayor eficiencia los recursos públicos y privados que se invierten en este campo.