Pobre Colombia

Los títulos de esta columna suelen reflejar mi estado de ánimo en relación con el país y la incapacidad de los servidores públicos para devolverle la prestancia que alguna vez tuvo.Hablaba yo de nuestro país de segunda, y sigo refiriéndome a esa apreciación; como decía el siempre ingenioso e irrespetuoso Daniel Samper Ospina cuyos escritos leo con asiduidad, Nicaragua y Colombia son de “dos por mona” si hubiera un álbum que recogiera algo tan inútil.A este último doloroso asunto se refirió Rafael Nieto Navia recogiendo algo que he venido diciendo de tiempo atrás al recordar los libros que publicaron hace años Germán Cavelier y Alberto Lozano Simonelli: La amenaza de Nicaragua y la Agresión de Nicaragua, siendo la clara conclusión que ninguna sentencia que implicara modificar las fronteras definidas por el artículo 101 de la Constitución sería aplicable pues la norma que se redactó en la Asamblea Constituyente se estudió con cuidado y el concepto de Augusto Ramírez Ocampo fue muy tenido en cuenta.Por otro lado, y provoca llorar, este “ilustrado gobierno” descubrió que existe hace 23 años el artículo 101 de la Constitución que no se usó entre las excepciones previas ante la Corte de la Haya, o lo que era más preciso y contundente, que el Estado no podía comparecer ante la Corte por igual motivo.Nada se hizo por tan estudioso gobierno que, obrando bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio con claridad -pero con mucho retardo- que había dejado pasar la oportunidad pero que ahora, ante la ambición reeleccionista de Juan Manuel, había que usar teorías, así fueran antiguas pero sin revelar su autoría, que electoralmente y en un país de ignorantes, pueden ser efectistas, así sea “a posteriori”.Tengo en mi poder un voluminoso archivo de la correspondencia enviada por Lozano Simonelli al Ministro del Interior y de Justicia (Fernando Londoño) y a varios cancilleres: Fernández de Soto, Carolina Barco, al procurador Edgardo Maya, al viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, a Enrique Gaviria Lievano, Jaime Pinzón López y a quien esto escribe y a Marco Gerardo Monroy Cabra.Lástima que el representante ante la Corte no hubiese sido Lozano: sus escritos son magníficos, su utilización oportuna muy posiblemente nos hubiera librado de la crisis que hoy afrontamos y se hubiera sentado una doctrina que podría habernos salvado de maniobras jurídicas como las que ahora hace el gobierno que me recuerda el ‘Cirque du soliel’ con la diferencia de que los trapecistas se caen.Los documentos a que me he referido -sin incluir los dos libros ya mencionados- están en unos trescientos o cuatrocientos folios que van desde 2003 y 2004 a 2008 y el cuidadoso análisis parte de la base de que no hay que arrancar con petulancia, anticipando un triunfo que no logramos; de que las personas que estuvieron al frente del proceso no eran las más indicadas; de que las entidades del Estado no colaboraron todas para analizar las acciones a seguir y, en fin, que hubo un descuido general y, en los responsables, una injustificada prepotencia.No hay duda de que un país que fue siempre respetado por sus claras posiciones en asuntos internacionales y que ahora ha recibido una dolorosa bofetada por mediocre, es de segunda y el porrazo es bien merecido.Casi todos los que hubieran debido participar en la acción del gobierno se lavaron las manos y resultaron mediocres internacionalistas. ¿Si el país conociera los verdaderos hechos, les perdonaría su culposa negligencia?