Petro está fuera

Petro está fuera

Marzo 09, 2014 - 12:00 a.m. Por: Carlos Lleras de la Fuente

No sé por qué se ha complicado tanto el caso Petro cuando la Constitución Nacional es ‘Norma de normas’ y que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (art. 4).Yo dirigí la Comisión Redactora y salvo por más de 150 artículos que el M-19 sustrajo de los computadores y escondió, hicimos una buena y dura labor en Bogotá, en la hacienda de Yerbabuena y de regreso forzado, de nuevo, en Bogotá.Años después con mi asistente de ese entonces, el hoy exitoso abogado Marcel Tangarife, publicamos tres volúmenes (Constitución Política de Colombia – Origen, evolución y vigencia) que compara la totalidad del articulado que se aprobó en 1991 con las seis versiones que existen de cada texto y que corresponden a las diversas etapas reglamentarias: proyecto inicial y ponencia del subcomité, texto aprobado por el comité y en la primera sesión plenaria, texto de la Comisión Redactora corregido por académicos del Instituto Caro y Cuervo y aprobación en segundo debate.Ha sido torpe y estúpido criticar una Constitución producto del consenso de tan disímiles ideologías, religiones y razas y que, como se puede apreciar, fue objeto de cuidadoso análisis en todas las instancias.Pues bien, regresando al artículo cuarto (Constitución como norma de normas), es útil contar que el debate con los internacionalistas encabezados por Augusto Ramírez Ocampo, fue duro: más aún, casi violento. Pero ganamos, quienes rechazamos su tesis de que los tratados internacionales prevalecen sobre las normas constitucionales.Es así como el texto original, “La Constitución es norma de normas. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes”… que fue aceptado por el Caro y Cuervo, sufrió un gran cambio en la Comisión Redactora: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, y así pasó a la Carta.¿De dónde pues, los tinterillos que contrató Petro, en especial, un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y un exfiscal salen ahora a alegar que las normas sobre las funciones constitucionales del Procurador pueden ser objeto de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte de Costa Rica?¡Qué pésimos juristas! pero continuemos para bajarles los humos: el artículo 123 C.N. sobre quienes son servidores públicos (ponencia de Abel Rodríguez y mía) los define así: “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”... “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”… “los servidores públicos que sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones públicas”. Y de por vida, agrego yo.Concluyamos que el artículo 277 que da amplísimas funciones al Procurador y el 278 lo autoriza para “Desvincular del cargo (…) al funcionario público que incurra en determinadas conductas punibles.Conclusión: el Procurador obró en el caso Petro en desarrollo de sus funciones (art 226 y 227 C.N.). La Constitución Nacional es norma de normas y prima sobre leyes y tratados internacionales o cualquier otra norma jurídica (art. 4 C.N) lo cual excluye a los órganos internacionales de derechos humanos, que no pueden ni modificar ni condicionar la decisión del Procurador que se ejerce respecto de todos los servidores públicos (art 123 C.N.).

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