Legalización de la marihuana

Que el gobierno se está poniendo en contra de sus gobernados es lo menos que puede decirse del rechazo de nuestros gobernantes a la convocatoria del plebiscito sobre la legalización de la marihuana que se celebrará el próximo martes 2 de noviembre en California. Y cuando digo “nuestros gobernantes” me refiero, en primer lugar, al presidente Santos, quien en la llamada Cumbre de Tuxtla, realizada hace pocos días en Cartagena de Indias, firmó, junto con el resto de sus colegas centroamericanos, una declaración que condena de antemano la posible legalización de la producción y el consumo de marihuana con unos argumentos que no deben creerse ni los propios firmantes. Porque, ¿en qué cabeza cabe que se pueda afirmar tranquilamente que “dichas medidas no resuelven el problema que representa el crimen organizado transnacional”, pasando por alto el hecho evidente de que la legalización de las sustancias psicotrópicas -incluida obviamente la marihuana- en vez de fortalecer “al crimen organizado” lo privaría de una de sus fuentes más rentables de ingresos? La semana pasada la Oficina de la ONU contra la droga y el delito publicó un informe que estima en US$119 mil millones los beneficios obtenidos anualmente por el crimen organizado en el mundo, “con el tráfico de drogas como el delito más lucrativo”. ¿En cuánto se quedarían esos miles de millones si, debido a la legalización, los precios de la coca y la marihuana se vinieran tan abajo como se vinieron los del café después de la liquidación de la Organización Internacional del Café que regulaba sus precios internacionales? ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar la vida y armar bandas de matones a sueldo para garantizarse un ‘nicho’ en un mercado así de deprimido? Y los escasos o nulos beneficios obtenidos en un mercado de drogas legalizadas ¿darían para sobornar abogados, políticos, jueces, militares y policías? ¿Podrían hacerlo los cafeteros con lo poco o nada que hoy ganan?Entre nuestros gobernantes también incluyo a Obama, porque Santos parece dispuesto a seguirlo en todo a pie juntillas, y porque fue él quien le ordenó a James B. Steinberg -su subsecretario de Estado– que nos advirtiera a todos los interesados en la solución efectiva de un problema tan sangrante, que su gobierno no consentirá la legalización de la marihuana, ni aunque la apruebe mayoría del pueblo californiano. Con demócratas así, la verdad es que los dictadores sobran.