Julian Assange

Un jurista español lo ha llamado “el juicio del siglo” y no le falta razón. El juicio, o mejor, la cadena de juicios a los que ha sido sometido en Gran Bretaña el fundador de WikiLeaks, merece ese calificativo porque lo que está en juego es el derecho a la información sobre los actos del gobierno en todo el mundo y no solo en los Estados Unidos de América. Porque si finalmente el gobierno de este último país se sale con la suya y consigue juzgar a Assange por 17 cargos de espionaje y uno de delito informático, va a ser aún más difícil de lo que ya lo es que los periodistas se atrevan a informar sobre dichos actos.

Y no me refiero a los que ellos mismos publicitan a bombo y platillo diariamente y con la habitual complacencia de los directores de los medios hegemónicos, sino a los que por el contrario que se esfuerzan en ocultar. Y es evidente que los gobiernos norteamericanos tienen mucho que ocultar, sobre todo en lo que respecta al ciclo de guerras en el Medio Oriente iniciado con la guerra del Golfo, la primera desencadenada contra el régimen de Sadam Hussein, ese antiguo aliado suyo.

Un ciclo que aún no termina y que incluye otra guerra tanto o más devastadora que las dos emprendidas contra Iraq, y cuyo blanco fue otro de sus aliados de otrora: los talibanes. Estos perversos juegos de guerra están a la vista de todo el que quiera verlos sin que Washington pueda hacer cosa distinta a sepultarlos bajo un alud de contra información y una propaganda igual de abrumadora de las buenas y nobles que son las intenciones que le han movido a realizarlos.

Se comprende entonces el porqué de la saña contra Assange, el periodista verdaderamente independiente, que recibió del entonces soldado Manning miles de documentos que mostraban que las acciones de las fuerzas armadas norteamericanas en Iraq eran cualquier cosa menos humanitarias. Que en realidad se parecen a los crímenes de guerra como una gota de agua a otra.

Y digo saña porque solo la saña explica la implacable campaña judicial en contra de Assange que comenzó con su arresto en Londres en 2010 por una acusación de violación en Suecia, que siguió con siete años de confinamiento en la embajada de Ecuador y que lo tiene cautivo en una prisión de alta seguridad londinense desde que en 2019 Lenin Moreno le quitó el estatus de refugiado político concedido por el presidente Correa. A la espera del desenlace de un juicio interminable.
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