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Colombia no puede mantener encerrados a sus mayores indefinidamente

Las medidas coercitivas para ancianos son discriminatorias.

16 de mayo de 2020 Por: Carlos E. Climent

Mucho se ha escrito sobre la enorme injusticia representada en la decisión del gobierno colombiano de encerrar a los mayores porque estos tienen un riesgo médico mayor frente a la amenaza del coronavirus.

Alemania y Francia, entre otros países, se han pronunciado de manera enérgica contra esa medida, que no solamente viola los derechos constitucionales de las personas, sino que se constituye en una discriminación absolutamente inaceptable. Es cierto que el gobierno está enfrentado a un dilema difícil de solucionar porque los mayores obviamente están más expuestos que el resto de la población. Pero el riesgo es muy alto para todas las personas, no exclusivamente las mayores, que tienen enfermedades médicas debilitantes como la hipertensión, la diabetes y aquellas que tienen una pobre defensa inmunitaria.

La idea de imponer ciertas medidas restrictivas para personas mayores con buena salud e imponer otras para personas mayores con ciertas dolencias físicas y una pobre defensa inmunitaria tiene sentido, en teoría, pero sería difícil de implementar y traería consigo muchas oportunidades para los corruptos.

La objeción más importante a restringir las libertades de los viejos, independientemente de su condición física, es que se trata de una medida inconstitucional, injusta y discriminatoria.

Una vez la economía se abra y el confinamiento obligatorio se acabe, el gobierno tiene la responsabilidad de seguir educando a la población sobre la importancia del distanciamiento social. Una vez la sociedad abra sus puertas, las debe abrir para todas las personas, que cumplan con las normas estipuladas, sin distingos de ninguna clase.

Obviamente es importante que el gobierno siga educando a la población de la manera como lo ha venido haciendo durante la cuarentena y siga liderando la imposición de las restricciones del caso, insistiendo en las debidas protecciones.

Pero es impensable un escenario donde la policía tenga la autoridad para imponer sanciones a los viejos por el simple hecho de ser viejos.

En vez de hacer el énfasis sobre las restricciones para las personas de edad de manera tan arbitraria (con el pretexto de protegerlas), el Estado debería ser el primero en reconocer el buen juicio que suele acompañar a los mayores, no solamente en su autocuidado sino en el cuidado que ejercen sobre los demás, y valorar lo que por generaciones ha sido una fortuna: contar con los “ancianos de la tribu” para las decisiones importantes en los asuntos que competen a la comunidad.

El éxito del proceso de apertura de la sociedad depende de todos. Todos tenemos la responsabilidad de utilizar nuestro mejor juicio para proteger nuestra salud y la de los demás. Poco se ha dicho del impacto que sobre la psiquis de los ancianos tienen el aislamiento social y la falta de atención a sus necesidades básicas incluyendo el afecto, a pesar de la evidencia creciente de estudios que demuestran que el confinamiento incrementa la desesperanza, la depresión y el suicidio, tema que será tratado en una próxima columna.

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