¿Son sujetos de derechos?

Abril 13, 2012 - 12:00 a.m. Por: Carlina Toledo Patterson

En el canal de noticias ABC fue noticia el hecho de que una niña de 10 años diera a luz porque según ellos “es una de las madres más jóvenes en la historia del mundo”. Evidentemente lo es, y claro que la noticia también se divulgó en Colombia, pero no produjo más que unas levantadas de hombro y posiblemente algunas muestras de asombro. Pues resulta que la niña, miembro de la tribu indígena wayuu de la Guajira fue violada, su embarazo se llevó a término y con 39 semanas de gestación llegó derramando lágrimas de dolor al hospital de Manaure donde le fue practicada una cesárea porque entre otras cosas, su pelvis no estaba lo suficientemente desarrollada para un parto natural. De manera que ahora la niña, cercenada por una cirugía a la cual no ha debido tener que someterse porque no tiene edad para ser mamá, se recupera con su bebé en casa, en su comunidad y con el violador a pocos pasos de ella.No es la primera vez que esto sucede. De hecho en agosto del año pasado, un grupo de mujeres valientes de la comunidad Paez del Cauca denunciaron la violación de tres niñas de 7, 9 y 14 por parte de su padre, Antonio Picué, quien además presuntamente agredió de igual forma a dos cuñadas. El castigo del hombre se redujo a unos cuantos latigazos y a trabajo comunitario de 20 años (luego reducidos a 5). Las mujeres por su parte, sufren amenazas constantes.Claramente mientras en las comunidades indígenas en Colombia puedan desarrollar sus vidas ajenas a los preceptos constitucionales que nos rigen a los demás colombianos, la lucha por los derechos de los niños de las distintas tribus está perdida. Y es que detrás de la jurisdicción especial que la Constitución ha establecido para estas comunidades y que les ha dado autonomía para la implementación de las leyes según sus costumbres, se oculta también una gravísima vulneración a unos derechos fundamentales en los cuales el resto de la sociedad ha avanzado enormemente. Actualmente, gracias a la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia, y a la gestión responsable de muchos actores sociales en pro de los derechos de los niños, sabemos que estos tienen primacía sobre los derechos de los demás por su misma situación de vulnerabilidad e indefensión. Sabemos también que existen entes y autoridades a los cuales acudir para denunciar e iniciar procesos en contra de victimarios. Hay una sensibilidad progresiva a la cual ha contribuido que la Presidencia lidere programas en su favor, y los medios de comunicación que durante muchos años dieron la espalda al problema, hoy informan abiertamente sobre las vulneraciones de los derechos de los niños que se presentan a lo largo y ancho del país.En ese sentido es incomprensible que los derechos de los niños indígenas no sean los mismos que los de todos los demás niños colombianos. Detrás de una jurisdicción especial que se diseñó seguramente con la mayor buena fe para ayudar a preservar costumbres y culturas ancestrales, no se pueden estar ocultando delitos de la magnitud de los descritos.La Corte Constitucional tiene indudablemente una responsabilidad de marca mayor en este dilema y esperaríamos que se pronuncie ipso facto al respecto. Son dos los casos recientes, pero ¿cuántos más habrá y que otras valientes mujeres no se atreven a denunciar porque no cuentan con el debido respaldo del Estado?Necesitamos saber si en Colombia los niños indígenas son sujetos de derechos o son simples objetos de los impulsos de unos delincuentes.

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