Grabado en el disco duro

Grabado en el disco duro

Septiembre 28, 2012 - 12:00 a.m. Por: Carlina Toledo Patterson

Es posible que el nombre Raúl Muñoz Linares no signifique mucho para la mayoría de los colombianos. Sin embargo, sí ha quedado grabada en la retina de todos su mirada desafiante mientras lo juzgaban por unos crímenes cuya sevicia supera los límites de nuestra comprensión. A principios de octubre de 2010, en una fosa de la vereda Caño Tembladores en Arauca, aparecieron los cuerpos de los tres hermanos Torres Jaimes: Yenni de 14 años, Yimmy de 9 y Yefferson de 6. Todos tenían signos de tortura, fueron degollados, y antes de ser asesinados, las pruebas demuestran que Yenny fue violada. El culpable es el subteniente Raúl Muñoz Linares quien estaba adscrito a la Octava División del Ejército y esta semana fue condenado a 148 años de cárcel porque fue hallado culpable de 5 delitos: 3 homicidios agravados y 2 accesos carnales violentos. La realidad es que la ley colombiana sólo permite 60 años de cárcel y esa es la condena que cumplirá. El Subteniente además de los crímenes descritos, había violado ese mismo octubre a una niña de 13 años quien sobrevivió a la agresión y ese es el segundo acceso carnal por el cual fue juzgado. Importante tener en cuenta que la pena simbólica de 148 años podría aumentar porque a Muñoz seguramente le espera otro juicio por la violación de Yimmy Torres, el niño de 9 años asesinado, caso del cual la juez 27 penal de Bogotá compulsó esta semana copias a la Fiscalía.Evidentemente la Justicia operó y lo hizo no obstante los gravísimos tropiezos que se presentaron como lo fue la indebida y descarada intervención de la Defensoría Militar (Demil) y el escalofriante asesinato de la juez Gloria Gaona quien llevaba el caso. ¿Qué viene ahora? Porque claramente el proceso evidenció problemas de marca mayor.En primer lugar debe quedar claro que la condena de Raúl Muñoz Linares no es excarcelable porque el Código de Infancia y Adolescencia no lo permite. De manera que este asesino y violador sí estará en el patio de condenados de La Picota por 60 años.Por otra parte, los crímenes expusieron la vulnerabilidad de niños y niñas en Arauca a raíz de la militarización exacerbada en la región. Aunque el Derecho Internacional Humanitario prohibe la intervención de militares con la población civil, es claro que intervienen más de la cuenta. De hecho todavía están por esclarecer dos casos de niñas indígenas presuntamente violadas por miembros del Batallón Móvil Contraguerrilla 5 y de la Brigada 18. En un acto de valentía la juez ordenó investigar a los mandos superiores del Ejército en la zona porque evidentemente lo de los niños Torres Jaimes no es un hecho aislado y ellos tienen la obligación de proteger a los menores de edad e instruir a sus subalternos sobre los límites en sus comportamientos.De igual manera se visibilizó la perversa manipulación de Demil cuando, aunque sus estatutos no le permiten intervenir en casos de delitos contra niños, lograron presentar un testigo falso que afirmaba que el crimen de los Torres fue cometido por las Farc. Claramente ni las Fuerzas Militares ni entes como Demil pueden seguir favoreciendo que los victimarios queden en la impunidad.Por último queda la reparación que la acción jurídica no contempla, pero que es vital. El Estado, a través de sus Fuerzas Militares debe pedir perdón y garantizar que no habrá repetición. Deben hacer respetar el DIH e implementar medidas de control. Lo que todos debemos hacer, es grabar el nombre de Raúl Muñoz Linares en el disco duro y nunca olvidar.

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