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Es cuestión de voluntad

En términos generales la discapacidad mental es mal interpretada, porque suele identificarse...

17 de septiembre de 2010 Por: Carlina Toledo Patterson

En términos generales la discapacidad mental es mal interpretada, porque suele identificarse únicamente con el Síndrome de Down. El espectro es ciertamente más amplio y, según la OMS, “es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado por el deterioro de cada etapa del desarrollo y que afecta las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización”. Las causas son genéticas, congénitas o adquiridas y los niveles que se especifican son: leve, moderada, severa o profunda. Dentro de esta caracterización se encuentra el autismo, la parálisis cerebral, el retraso, y los Síndromes de Lejeune, Asperger y de Down, entre otros. Es obvio que según el nivel de la discapacidad, se requieren cuidados particulares, aunque también hay quienes pueden interactuar en un entorno pedagógico formal. En Colombia, las instituciones educativas oficiales reciben recursos a través de transferencias del Fondo Nacional de Regalías y del Sistema General de Participaciones. Pero el grupo de niños que requiere de cuidados especiales es atendido generalmente por fundaciones privadas de educación no formal. Ellas no pueden recibir directamente fondos del erario, sino que deben sujetarse a contratos con las Secretarías, y por ende, a los recursos que ellas buenamente decidan invertir. Es ahí donde ha surgido en Cali un tema que vale la pena examinar. El martes, directivas de catorce fundaciones enviaron al Alcalde un derecho de petición con el fin de esclarecer por qué en el último año no ha habido continuidad en su contratación y además no hay destinado para ellas una partida en el presupuesto del Municipio. A través de un comunicado el Alcalde confirma que “cerca de 20.000 niños en circunstancia de discapacidad son atendidos en el régimen de educación municipal” y asegura que “la inversión de recursos propios, sin contar las transferencias, son cerca de 110 mil millones de pesos reservados para la construcción de la Ciudadela Educativa y los proyectos Centros de Atención Integral al Niño, Cariños”.El Burgomaestre tiene una confusión con respecto a la tipificación de discapacidad mental y sus necesidades especiales, porque ni la Ciudadela Educativa, ni los Cariños suplen sus necesidades. La primera -un proyecto que está en planos- atendería estudiantes regulares en el marco de la educación formal, y los Cariños tienen como objetivo el desarrollo de la primera infancia. Ojalá los proyectos se ejecuten para demostrar la prevalencia de los derechos de los niños en Cali, pero es evidente que en ellos la inclusión de los discapacitados no se vislumbra de manera integral.Complejo también que se contradigan el Alcalde y el subsecretario de educación, Jose Darwin Lenis, porque este último me informó que en la ciudad no hay un censo de niños con discapacidad mental y que en su sentir “los han tenido desprotegidos y seguramente se podría hacer más para atender y garantizar sus derechos”.Es claro que toda institución que reciba recursos debe cumplir con los estándares establecidos, pero que de catorce solicitantes ninguno haya tenido un contrato continuo en un año, y que un Municipio que es a todas luces ‘pudiente’ no tenga una partida específica para ellas, demuestra que el problema es de voluntad y que en cuestión de esfuerzos de inclusión la atención digna de niños discapacitados no es una prioridad.