En alerta roja

Agosto 19, 2011 - 12:00 a.m. Por: Carlina Toledo Patterson

En algunos círculos en el Valle es de público conocimiento la manera como se gestionó ante el presidente Juan Manuel Santos la permanencia de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Elvira Forero. Las relaciones públicas de alto nivel se dieron a todo vapor y ella, una consentida del anterior gobierno, logró quedarse aún a sabiendas de que el estilo del nuevo mandatario sería distinto y que seguramente no sería de su círculo más cercano. Forero fue nombrada en el año 2006 por Álvaro Uribe y aún recuerdo que en ese entonces muchos nos preguntábamos el porqué llega a una entidad de la importancia del Icbf una persona sin experiencia ni formación alguna en temas sociales, y quien hasta el momento de su nombramiento se desempeñaba como Directora del Fonade. Claramente con un presupuesto anual (actual) de $3,1 billones y una capacidad de contratación inconmensurable, las facultades de buen administrador son fundamentales, pero existen en Colombia muchísimas personas que además son expertas en los temas que plantea la misión de la institución y que ciertamente no hubieran permitido la desviación en el enfoque que se ha visto en los últimos 5 años. Tristemente la conclusión es que por tratarse de temas de niños y ancianos, muchos piensan que cualquiera está en capacidad de manejarlo.Desde su cargo, Forero insiste que el Icbf es el ente más querido por los colombianos y difícilmente acepta críticas de quienes pensamos que ha fallado en la orientación que le ha dado. Claramente aquellos que tanto quieren al Instituto no son quienes han tenido que contactarse con ella para procedimientos de custodias, vulneración de derechos de niños, afiliaciones, desayunos escolares o programas de protección entre otras, porque en ese sector sí arrecian las críticas.No en vano, frente a la frecuencia y gravedad de las denuncias, la Procuraduría comenzó en marzo una acción preventiva “con el propósito de evaluar el cumplimiento de las funciones de coordinación y articulación del Sistema”. Los resultados fueron entregados la semana pasada a la Directora por la Procuradora Delegada para la familia y la infancia, Ilva Miriam Hoyos, y en él se revelan hechos que son en extremo graves (ver: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20de%20Vigilancia%20del%20ICBF.pdf).Preocupante la molestia de Forero porque el documento se diera a conocer al público -cuando todos los colombianos tenemos el derecho de leerlo- y que además haya afirmado que la muestra de 78 contratos no es representativa de los 17.000 que suscribe al año la entidad. A mi manera de ver con que haya irregularidades en un contrato es más que suficiente porque aquí no estamos hablando de vías con demoras en su ejecución, sino entre otras, de alimentos que no llegan y que por ello se vulnera “incluso el derecho a la vida de los niños, las niñas, los y las adolescentes beneficiarios del programa”. De manera que cuando se refiere al Icbf, decisiones tomadas a la ligera y contratos mal concebidos y ejecutados, pueden significar vida o muerte. Lo he dicho antes y lo reitero ahora, el aspecto misional del Icbf se perdió y es hora que los empresarios, quienes a través de sus aportes parafiscales contribuyen al año $2,5 billones, exijan un serio análisis de la misma y un reenfoque urgente. Las pruebas están allí y si se escarba un poco más, resultan casos verdaderamente aberrantes.

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