Violencia en Cali

Al revisar los trabajos para el Premio Rodrigo Lloreda de El País quedé tan impactada con ‘El mapa de la Muerte’, informe sobre la tasa de homicidios en Cali en 15 años realizado por reporteros de este diario, que le dije a María Elvira Domínguez: “Se merecen un Óscar”. Y así fue, no ganaron el Óscar, pero sí un Gabo.

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Ha sido tan infructuosa la lucha de las autoridades por erradicar la violencia en Cali, que la investigación de Ossiel Villada, Hugo M. Cárdenas, Germán González, Ana M. Saavedra y Lina Uribe demuestra el fracaso de los últimos alcaldes para bajar la aterradora cifra de 26.687 asesinatos ocurridos del 2001 al 2015.

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El narcotráfico que permeó vastos sectores de la sociedad caleña, las migraciones de la Costa Pacífica y los desplazados de Cauca y Nariño fueron el caldo de cultivo de un cultura criminal que recorre aún las calles de la ciudad, desde Aguablanca, pasando por Siloé o incubándose en las zonas de ladera como Terrón Colorado, hasta llegar al Centro y barrios de estrato 6, donde crecen los hurtos a residencias, el fleteo y las muertes por robo de celulares, motos, carros y bicicletas.

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La tasa de homicidios ha fluctuado entre 57 a 91 personas por cada cien mil habitantes, por encima de Bogotá y Medellín. Llegamos a 2000 asesinatos anuales, aunque este año bajó a 890, el registro más bajo en 25 años. El mayor logro de esta Administración es en la Comuna 14 que en 2016 arrojó 110 casos, cifra que se redujo a 75 (31,8 %) este año. También se presentaron reducciones en 14 comunas pero aumentaron en 7. La mayor tasa de homicidios fue en la 15 (111 casos).

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Los reporteros inician el recorrido en los años 2001-2004 cuando hubo 9 masacres relacionadas con disputas entre Diego León Montoya y Wilber Varela, jefes del Cartel del Norte del Valle. En el 2011 surge un nuevo factor de violencia, las Bacrim, que conformaron ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y ‘Machos’.

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Es desde el 2011 al 2015 cuando se instala el microtráfico y la banda de Los Rastrojos se divide en grupos comandados por ‘capitos’ como Boliqueso o Palustre, quienes armaron pandillas con adolescentes, les dieron motos, pistolas y miniuzis que vendían en el mercado negro en barrios como Potrero Grande. Surgieron las fronteras invisibles, los feminicidios y las balas perdidas. A partir del 2010 los homicidios relacionados con las pandillas aumentaron a 236 y en el 2015 a 445.

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En Terrón Colorado entre 2001 y 2015 hubo 454 asesinatos. La mayoría de sus habitantes se desplaza al Centro para el rebusque con empleos informales o ventas callejeras. Según el Dane la comuna pasó de tener 63.138 habitantes en 2005 a 91.325 en 2006.

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Alba Stella Barreto, la admirable monja de Fundación Paz y Bien, testigo presencial del oscuro germen de las muertes en Aguablanca, dice que el gran error ha sido neutralizar el crimen solamente con represión judicial. Por esa razón, este primer semestre los homicidios por pandillas se redujeron 28,2 %, gracias al TIP y el programa de Gestores de Paz y Cultura Ciudadana del alcalde Armitage, que brindan formación integral y competencias sociales y productivas a los jóvenes.

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Sin embargo, esta bomba de tiempo de la violencia urbana no se desactiva con escuelas de salsa o canchas de fútbol. En Terrón Colorado vienen pidiendo hace rato una sede alterna de Univalle o del Sena. Ya la Arquidiócesis y la Fundación Carvajal han fundado centros de estudios y apoyo social, pero, ¿dónde está el aporte de la Academia, que vive de espaldas a una realidad que crece en los cinturones de miseria, y proyecta en esos sitios aulas para rescatar a través de la educación a una juventud cuyo único futuro es la delincuencia y la muerte?