Rajados en salud

Los últimos casos que hoy rechaza el país, por falta de previsión y control del Ministerio, la Superintendencia y el Invima, están en el ojo del huracán por la venta masiva de Dololed, un antiflamatorio con esteroides, y el error fatal de una droguería al vender Tramadol por purgante, lo que causó la muerte de dos niños.

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En el 2017 surgió el rumor en Cali de que el Flexdol, del mismo laboratorio de Dololed, producía efectos secundarios en personas con problemas de alergias, enfermedades cardiacas y respiratorias, por sus altas dosis de cortisona. Advertí a personas cercanas sobre el peligro de usarlas, pero decidieron hacerlo ya que solo “contenían caléndula”, y estaban respaldadas por el Invima. Hoy veo las consecuencias del abuso de esa droga: deficiencia suprarrenal, consumo vigilado de esteroides, problemas respiratorios y Parkinson.

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En esa época, publiqué la alerta en mi columna y los sitios donde distribuían el medicamento en Cali, pero se escudaron en los certificados expedidos por el Invima.

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Lo mismo sucedió en estos días, cuando El Espectador publicó la investigación de la bióloga rusa de la Universidad Santander, sobre los componentes del Doloded, demostrando que tenía el 10 % de Diclofenaco. De inmediato el Invima rechazó el informe de la bióloga. Poco después, un alto funcionario de la institución se retractó, al aceptar que en “reciente” examen se halló la dosis letal del esteroide. ¿Acaso la Superintendencia de Salud no ejerce un exhaustivo control sobre los certificados del Invima?

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Veamos el caso del Tramadol. Hace unos meses el médico Julio Calonje, el gran chamán de la medicina alternativa en Cali, se mostró preocupado por la excesiva medicación con Tramadol en importantes clínicas y hospitales de la ciudad. Algunos pacientes llegaban a su consultorio bajo los efectos nocivos de este analgésico que contiene opiáceos (narcóticos).

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El tramadol tomado en exceso y sin revisión médica, puede producir, convulsiones, urticaria, dificultades para tragar o respirar, agitaciones, alucinaciones, ritmo cardiaco rápido, nauseas, vómito, pérdida del conocimiento y hasta la muerte, como sucedió a los niños de 7 y 10 años que en lugar de purgante, les vendieron Tramadol.

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Cruz Verde, la droguería que ha expandido sus sedes por todo el país, ofrece descuentos del 20% los miércoles, lo que le ha granjeado innumerables clientes en un país donde los medicamentos están por las nubes. Sin embargo, una de sus vendedoras confundió el inocuo purgante infantil con el letal medicamento.

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Pregunta: ¿Los entes de control de la salud iniciaron una investigación exhaustiva en las sedes de Cruz Verde? No. Los propietarios despidieron al último eslabón de la cadena: la infeliz vendedora.

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Estos son solo dos casos de un sistema que está colapsado. Ni hablar de los abusos de las EPS en las salas de hospitales y clínicas, o de los dineros desviados en lujosos spa y sitios de recreo. Todo por la famosa Ley 100, que convirtió la Salud en un negocio y no en un derecho inalienable.

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PD: ¡Qué remedo de diplomacia la de hoy en Colombia! La extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela, no se puede tramitar por los canales diplomáticos o jurídicos acostumbrados, sino a través de Guaidó, un fantasmal jefe de Estado que no ejerce y al que recientemente Duque recibió con alfombra roja y honores militares. ¡Qué oso!