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¿Es delito el insulto?

Es casi imposible que quienes conforman la cloaca en que se han convertido las plataformas digitales tengan la coherencia de autorregularse desde los principios de la ética y el respeto

14 de febrero de 2019 Por: Beatriz López

La magistrada Catalina Botero destacó en Blu Radio la importancia de las redes sociales al afirmar que el país ha evolucionado en materia de comunicación, pero al referirse al insulto, calumnias e injurias que se generan con frecuencia en las mismas, dijo que estas no se configuran como delito. La tempestad virtual la produjo el trino de Ignacio Greiffenstein, director del Servicio de Tv. de la Casa de Nariño, cuando llamó prostitutas a las mujeres petristas.

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El alto funcionario fue objeto de una fuerte arremetida en las redes, incluyendo a la vice Marta Lucía Ramírez, quien condenó con vehemencia el hecho. El epilogo fue la renuncia de Greiffenstein.

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Esta sociedad rota por la intolerancia, que nace en la familia y se reproduce en colegios, universidades, transporte masivo y centros comerciales, es como un remolino que se expande en los estamentos del poder, el sector empresarial y los medios de comunicación. La confrontación que nos inoculó la política encontró terreno fértil en las redes sociales.

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En los años 60-70, a raíz del surgimiento de una ola de protesta radical contra el establecimiento, liderada por Daniel el Rojo en París, la revolución cultural en China y la caída de Batista en Cuba, con figuras como las de Fidel Castro y el ‘Che’ Guevara, muchos jóvenes colombianos quedaron atrapados por esos aires de cambio y transformación social. Movimientos campesinos se organizaron en guerrillas como las Farc y surgieron el Eln y el M-19 integrados por universitarios, curas y sectores urbanos. Fue el inicio de la lucha de clases en Colombia.

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Las guerrillas llenaron de horror y sangre al país por más de 50 años, cuyo desmantelamiento solo ha sido posible a través de acuerdos y no por confrontación bélica.

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Pero dejemos de lado la historia, para regresar a la incidencia de las redes sociales durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la feroz oposición que le monto el CD rasgó en dos al país, fragmentando toda posibilidad de diálogo entre los partidarios de la paz y sectores de derecha, enemigas de un acuerdo, que consideraron espurio. Toda esa confrontación se trasladó en forma escalonada a las redes sociales, que hoy, en vísperas de elecciones regionales, ha llegado a tales extremos que se requiere la implementación urgente de una ética digital.

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Ambos bandos mantienen una lucha sin cuartel que puede desembocar en algo más grave que una amenaza digital, ahora que el gobierno pretende armar a la población civil. Existen ‘bodegas’ que manejan fake news y las riegan como pólvora. O los mismos líderes políticos, cuya poderosa arma de la actualidad es el Twitter, como Trump en USA.

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Mientras la magistrada Catalina Botero considera una forma de dictadura imponer justicia a las expresiones de “ratas petristas, paracos o putas” dedicadas a líderes de izquierda y derecha, a periodistas y a todo enemigo sin rostro, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, está convocando a una audiencia pública el 28 de febrero, para debatir sobre la legalidad del bullying en las mismas. Ojalá, pues es casi imposible que quienes conforman la cloaca en que se han convertido las plataformas digitales tengan la coherencia de autorregularse desde los principios de la ética y el respeto que requiere con urgencia esta sociedad agrietada por la intolerancia, el odio y el resentimiento.