Avanzar con políticas intermedias

Todos los análisis sobre la sociedad colombiana coinciden en afirmar que uno de sus problemas principales radica en el narcotráfico. Pero poco se ha evaluado el papel de las políticas de distintos gobiernos en la solución del problema. Parecería que nos movemos entre 2 alternativas radicalmente opuestas: o bien predominan las posiciones prohibicionistas, o bien las políticas que argumentan una solución en la legalización de las drogas. El prohibicionismo está muy marcado por posiciones religiosas o punitivas radicales. La legalización en una defensa de las libertades individuales y en una creencia en el papel regulador del mercado. Son posiciones ideológicamente extremas que tienen cada una su justificación. Pero, de manera más práctica y más eficiente como política social, pueden ser más realistas las posiciones intermedias como aquellas que defienden una liberalización regulada. Sobre las alternativas intermedias, me parece que se deben reconocer avances notables en el Parlamento colombiano y en el Gobierno de Petro.

El Representante a la Cámara Juan Carlos Losada ha presentado y ha debatido con tenacidad un proyecto de ley que defiende la legalización de la marihuana, que hoy tiene un consumo legal, pero un comercio ilegal. El proyecto propende por la legalización, pero reconoce su complejidad. Tiene en cuenta, contextualmente, que la producción y el consumo legales del alcohol y del tabaco son aceptados socialmente, pero tienen consecuencias negativas peores en la salud y en las relaciones sociales, ante todo familiares. Advierte que es posible un escalamiento hacia el consumo de otras drogas más adictivas y que se deben considerar distintas variedades de cannabis con consecuencias en la salud que se deben prevenir. Indica que el mercado del cannabis puede ser el del consumo individualizado, pero también múltiples usos médicos y de consumo aceptados y reconocidos, en otros Estados y en Colombia. Está de acuerdo en considerar el tema de la salud y familiar en los casos que se requiera, pero, con todas estas salvedades, su argumento central propende por la legalización con regulaciones. ¿Por qué tiene tanta oposición la propuesta, entre sus colegas parlamentarios y en la sociedad colombiana religiosamente prohibicionista?

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha resumido, en una charla informal, puntos centrales de una política contra las drogas, especialmente la cocaína, reconociendo el fracaso de la “guerra contra las drogas”. Tiene en cuenta que la legislación internacional y la nacional favorecen la prohibición y las alternativas de fuerza. Pero, dentro de estos límites, plantea estrategias posibles. En primer lugar, diferenciar entre cultivadores de coca, productores de cocaína y consumidores. Si se trata de transitar hacia la legalidad, el enfrentamiento central no es contra los productores. Puede haber producción legal y consumo ancestral en sectores de la población. Puede haber políticas de comercialización de la coca en un sinnúmero de productos legales y benéficos, puede haber políticas de sustitución de cultivos que han tenido casos de éxito. En fin, el productor de coca no es el criminal a doblegar. El centro del control policivo sí puede estar en los laboratorios y de manera estratégica en los corredores y vías de transporte. Las cifras de incautaciones de cocaína este año serán reveladoras de este esfuerzo (van 700 toneladas incautadas). Ciertamente, hay que tener en cuenta el tema de la salud de las personas que caen en la adicción. También el tema del conflicto armado en los territorios más afectados y la importancia de la seguridad para las comunidades.

Todo esto, entre otros lúcidos planteamientos, se los escuché al Ministro de Justicia. Van en el sentido de una posición intermedia razonable. ¿Por qué tiene tanta oposición el Gobierno de Petro a este respecto?