Voto militar y Partido de la U

Voto militar y Partido de la U

Julio 09, 2017 - 11:50 p.m. Por: Antonio de Roux

La gobernadora del Valle salió con un planteamiento que tiene tanto de largo como de ancho. Propuso aprovechar el remezón institucional del posconflicto para abrir a los militares la puerta de la participación política, y devolverles los derechos a elegir y ser elegido.

El debate sobre el tema está presente desde que la Ley 72 de 1930 privó a los hombres en armas del derecho al voto. Aquella disposición fue confirmada por la reforma constitucional de 1945, en la cual se les impuso además la prohibición de intervenir en cualquier clase de debate político.

Pero si se mira con detenimiento la propuesta de la gobernadora se descubrirá que va mucho más allá. No apunta tan sólo a devolverles la participación en las contiendas democráticas, si no que persigue crear circunscripciones especiales para los militares. Algo similar a las circunscripciones con congresistas propios y derechos políticos aumentados que se darán a las Farc.

La exclusión de la fuerza pública de la acción política no fue un paso caprichoso. Obedeció a razones prácticas que vale la pena considerar. Durante la hegemonía conservadora las tropas se convirtieron en una formidable fuerza electoral cuyos votos determinaban en buena medida el resultado de los comicios. Siendo este el sector más organizado del ámbito oficial, el entonces denominado Ministerio de Guerra, se fue convirtiendo en un aparato electorero. Los grandes intereses estratégicos de la protección nacional pasaron a un segundo plano y cuando llegó la guerra con el Perú nos sorprendieron con los calzones abajo.

Para ilustrar la situación y el ambiente politizado que se vivió dentro de la fuerza pública menciono apenas un telegrama que el comandante militar de Palmira remitiera al ministro del ramo el 7 de mayo de 1927, en el cual se leía: “Acuso recibo de su mensaje de ayer, que cumpliré porque así impónelo (sic) necesidad salvación partido… tenga absoluta confianza mis humildes esfuerzos…”

A los militares no se les violan los derechos fundamentales al impedírseles participar en política, como no se les violan tales derechos a los curas cuando la ley canónica les impone el celibato. En uno y otro caso, se trata de estatutos profesionales escogidos libremente por el interesado. Pero lo que es más importante: a pesar de pertenecer al sector público las fuerzas armadas con su normatividad actual han logrado obtener alto grado de profesionalismo y eficiencia en el desempeño. En ello sin duda ha influido su independencia frente a las miserias del quehacer partidista.

Cabe preguntarse, ¿de dónde viene el interés de la gobernadora Toro y de otros de sus colegas del Partido de la U en modificar un asunto que funciona bien, da buenos frutos para la estabilidad institucional y la democracia? ¿Cuál es el motivo para cambiar unas reglas de juego que los propios militares no necesitan ni pretenden?

La gente comenta una hipótesis: el Partido de la U, huérfano de electorado, afrontando una crisis que puede llevarlo a su disolución por el trasfuguismo de varios de sus caciques, estaría viendo parte de su salvación en imponer una medida populachera con potencial de atraer votos de los cientos de miles de colombianos en armas. El procedimiento podría facilitarse con la vaselina institucional provista por el fast-track. Basta argumentar que la cosa conviene para una paz duradera.

Sigue en Twitter @antoderoux

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