Una víctima llamada Emcali

Corría mayo del año 2000 cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de las Empresas Municipales de Cali. La entidad sufría graves quebrantos financieros y requería la adopción de medidas urgentes. Entre las causas del desastre se contaban el alto endeudamiento vinculado a la construcción de nuevos proyectos; la falta de decisión para la venta de negocios declinantes como el telefónico; la estructura de costos laborales y la ansia predadora de los politiqueros.Trece años después en junio del 2013, el alcalde Guerrero logró concretar la devolución de la empresa. Nos retornaron una compañía agobiada, al borde del caos, más endeudada y amenazada que la intervenida. Ninguna de las acciones de ajuste estructural se adoptaron en el tiempo de la toma de posesión. Los esfuerzos se dedicaron a disminuir la deuda financiera, dejando declinar la fortaleza operativa. La incapacidad, la ineficiencia, la mediocridad del Estado para administrar bienes quedó otra vez al descubierto. Cuando nos devolvieron a Emcali los caleños y las autoridades locales nos tragamos el sapo entero. Concejo municipal, veedurías, universidades, entes de control también callaron. Que se sepa no hubo un informe final de la intervención, ni un inventario, ni un corte de cuentas, ni una reflexión a la luz de la ética pública sobre lo acontecido. La rotación de gerentes interventores, el desgreño administrativo y el ‘importaculismo’ perpetrado por funcionarios del orden nacional, quedaron impunes. Siendo este el panorama, el alcalde Armitage y la gerente de Emcali, lograron que se aceptara un flujo menos exigente en los abonos a la deuda contratada con el Minhacienda. La nueva fórmula considera el mismo plazo de diez años, pero concentra los pagos de capital en los dos últimos períodos, durante los cuales habrá que entregar más de setecientos mil millones de pesos.Los caleños no debemos dejar que las cosas terminen así. No tenemos porque aceptar que Emcali, nuestro patrimonio principal, haya quedado gravemente herida por el manejo inadecuado que se le dieron desde la Superintendencia encargada. Y pensando en el contexto de la Nación, esta experiencia debe servir para establecer mecanismos que permitan determinar en forma expedita la responsabilidad del Estado cuando asume el manejo de las empresas prestadoras de servicios. En otras palabras, es necesario hacer que ese Estado Central pague por sus embarradas. Las circunstancias de Emcali han llevado a que múltiples caleños consideren acciones orientadas a remediar los perjuicios causados por la intervención. Se habla de una tutela para contener el daño irreparable a sectores de la población que gozan de especial protección, y podrían verse privados de servicios vitales. También se oye mencionar una acción de reparación directa. En este caso aunque ya se ha superado el plazo de dos años desde que se devolvió la empresa, el procedimiento sería posible porque solo ahora se hacen evidentes los daños inmensos generados por la intervención. Ojalá los caleños dispuesto a defender el patrimonio común persistan en el empeño de impulsar las acciones enunciadas; ojalá las organizaciones cívicas, políticas y académicas que hasta ahora han permanecido calladas secunden la iniciativa, y ojalá el gobierno municipal y Emcali, la empresa víctima, secunden el esfuerzo.