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Un decreto que propicia invasiones

A pesar de tener una ciudad asediada por las invasiones criminales y la devastación medio ambiental, especialmente en zonas de ladera, el POT expedido en el 2014 contiene una norma que confiere amplio campo de acción a quienes causan y se lucran de las tropelías.

13 de mayo de 2018 Por: Antonio de Roux

Muchos en esta ciudad recordamos que a principios de los años 60 la zona sur de Cali situada entre los ríos Lili, Jamundí, Pance y la carretera Panamericana, estaba conformada por haciendas ganaderas; grandes potreros donde pastaban numerosas vacadas. La visión era apenas interrumpida por uno que otro guadual, samanes añosos y ceibas centenarias.

En los predios de Cañasgordas, La Riverita, El Banco, La María y la Viga, para mencionar solo algunas estancias, crecían pastizales pero la vegetación importante se reducía a las riveras de los zanjones y quebradas. El paisaje estaba recortado por muros de piedra que serpenteaban por la topografía, y provenían de la época colonial habiendo sido construidos con el concurso de la mano de obra esclava.
Por supuesto que la Avenida Cañasgordas no existía y para llegar a La Vorágine era obligado transitar por el Camellón de las Chuchas, que no ‘callejón’, como los ignorantes dicen ahora.

Hacia finales de los años 60 del siglo pasado, las normas municipales permitieron el desarrollo del bajo Pance mediante el sistema de parcelaciones. Esta modalidad incluía lotes amplios, densidades bajas y la flexibilización de ciertas obligaciones urbanísticas en materia de cesiones, equipamientos y provisión de servicios públicos. Un enfoque pragmático que funcionó bien libre de trámites engorrosos y de tantas timbilimbas.

Se produjo entonces un proceso acelerado de renovación ambiental. En los potreros deforestados surgieron quintas envueltas en una vegetación feraz. Con los frutales plantados que antes no existían, aparecieron infinidad de especies aviares unas migratorias otras provenientes del vecino Parque de los Farallones. También se multiplicaron los reptiles y los mamíferos. Y lo que es más importante se evitó la ocupación ilegal de una fracción extensa del suelo urbano, precisamente cuando las invasiones con propósitos politiqueros iniciaban, tal y como aconteciera en el caso de Unión de Vivienda Popular.

El tiempo pasó y no aprendimos la lección. A pesar de tener una ciudad asediada por las invasiones criminales y la devastación medio ambiental, especialmente en zonas de ladera, el POT expedido en el 2014 contiene una norma que confiere amplio campo de acción a quienes causan y se lucran de las tropelías. Tal norma indica que en la zona rural vecina al perímetro urbano solo puede desarrollarse mediante la figura de Planes Zonales, con áreas de mínimo veinte hectáreas y previo cumplimiento de lo establecido en las regulaciones que se expidan.

Pues bien, el 27 de diciembre pasado se publicó un decreto municipal que con la intención de regular el asunto en la práctica hace imposible cualquier desarrollo de las áreas amenazadas. Es tal el cúmulo de requisitos, diagnósticos, estudios, determinantes, documentos de soporte, modelaciones, cartografías, etc., etc., que el Municipio en vez de vincular la iniciativa privada a la protección del espacio y del ambiente, como se hiciera con las parcelaciones del sur, está condenando los territorios vecinos del borde urbano a la degradación física y a la invasión criminal.

Ojalá el alcalde Armitage con su espíritu práctico y su permanente deseo de acertar, registre las consecuencias nefastas de este decreto absurdo, y exija a los técnicos correspondientes su revisión integral.

Sigue en Twitter @antoderoux