Tutelas desviadas

Tutelas desviadas

Julio 04, 2011 - 12:00 a.m. Por: Antonio de Roux

La celebración de los veinte años de la Constitución está empañada. La acción de tutela, la vedette de la nueva Carta, el mecanismo expedito para la protección de los derechos fundamentales, viene siendo profanada por algunos jueces de la República. Éstos profieren fallos dirigidos a privilegiar intereses particulares en detrimento de la conveniencia colectiva. Veamos un par de ejemplos recientes.El doctor Héctor Jaime Pinilla, Director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, se vio obligado renunciar al cargo ante una circunstancia insólita. El contrato de la Calle 153 de esa ciudad, se había adjudicado contra toda lógica y contra toda conveniencia, en medio del carrusel de contratos que devastó a la capital, a una firma especializada en suministrar alimentos al Ministerio de Defensa. Naturalmente vinieron los atrasos y las multas. Tras cuatro meses de desfase el Distrito intentó declarar la caducidad para adjudicar la obra a un operador que pudiera poner fin a las incomodidades y a los sobre costos. En ese momento apareció el fallo de tutela de un juez municipal, orientado a detener la solución. El magistrado quiso privilegiar los intereses individuales de un contratista desordenado e incumplido, en contra de las necesidades generales. Por eso decidió que no había lugar a la caducidad, y que pese a las demoras la obra debía seguir en manos del constructor incompetente. Pero lo que resulta indignante es un hecho registrado por el Doctor Pinilla y mencionado en la W radio el pasado viernes. Según lo expresado por el ex funcionario, el IDU trató de notificar a la firma incumplida sobre el procedimiento de caducidad del contrato. Sin embargo, los afectados con la determinación habrían evitado darse por enterados mientras encontraban un juez dispuesto a fallar en su favor las tutelas que presentarían como defensa. Sin que se tenga evidencia de elementos tan perturbadores como los denunciados en Bogotá por Jaime Pinilla, en Cali también se presentó recientemente un fallo de tutela que vulnera los intereses colectivos. Un Juzgado local ordenó suspender la declaratoria de operación regular del MÍO y la puesta en funcionamiento de la fase dos del sistema. Esto significa en buen romance que se pone en peligro la ampliación de la flota transportadora al servicio del público, no se contará en el futuro inmediato con más frecuencias, y no continuarán despejando las vías de aquellos viejos, contaminantes e ineficientes buses que estropean la movilidad y la salud de los caleños. En esencia estamos frente a la privatización de las garantías constitucionales. Se protegen los derechos a la vida, el trabajo, la libertad personal en todas sus formas, pero a costa de vulnerarle esos mismos derechos a toda la colectividad.La dificultad no radica en la acción de tutela sino en la incompetencia de ciertos jueces, que afortunadamente son una pequeña minoría, y que carecen de conocimientos y criterios esenciales. Frente a esa circunstancia los ciudadanos debemos organizarnos, como lo ha hecho la población en otras latitudes. Es necesario crear observatorios de la actividad judicial, impulsar las acciones disciplinarias y la sanción social cuando se producen fallos desatinados e improcedentes que dañan el interés general y ofenden la Justicia.

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