6024455000Tutela: una reforma inaplazable
Ajustar el aparato judicial y su operación no es asunto libre de sobresaltos, siendo lo deseable que el desafío se encare a la sombra de un gobierno de talante democrático como el actual
La injerencia judicial en las ramas Ejecutiva y Legislativa por medio de los fallos de tutela está comenzando a representar una amenaza al equilibrio de poderes, la vigencia de la democracia y la posibilidad de responder con soluciones eficaces a los ingentes reclamos de la población.
En respaldo de esta afirmación baste mencionar recientes providencias de aquella naturaleza como la relacionada con la libertad de ‘Jesús Santrich’, que asaltó la capacidad del Ejecutivo para manejar la seguridad; otra que bloqueó el préstamo a Avianca poniendo en tela de juicio la atribución del gobierno para conducir la economía; y la dictada por la Corte Suprema de Justicia sobre las movilizaciones de noviembre, donde aquel organismo se atribuye funciones legislativas al limitar las facultades de la administración y expedir medidas sobre restablecimiento del orden público.
Como resultado de la situación descrita a la que concurre un control débil, usualmente aleatorio, sobre el contenido y los impactos de las providencias emitidas, llegamos al imperio de la voluntad judicial sobre las otras ramas del poder y se está comprometiendo la seguridad jurídica. Pareciera que en Colombia para acceder a un poder sin talanqueras ya no hace falta someterse al juego democrático electoral, si no que basta con avanzar por los pasadizos de las altas cortes.
No se puede atribuir esta situación a la corrupción, ambiciones y politiquería de los magistrados. Habrá alguno que haya obrado bajo tales motivaciones, pero se trata de una ínfima proporción. El asunto es más complejo, surge de la manera como quedó organizada a partir de la Constitución de 1991 la institucionalidad judicial y de haber adoptado un sistema de control de constitucionalidad vía tutela sin las regulaciones complementarias y las estructuras de gestión correspondientes.
La tutela es un mecanismo necesario para asegurar la aplicación de los derechos fundamentales y la vigencia de la Constitución. Infinidad de ciudadanos han sido sus beneficiarios, al punto que para este año se presentarán más de setecientas mil, lo cual significa que a lo largo de la geografía nacional cada hora hábil se interponen unas trecientas cincuenta acciones de tal carácter. El sistema congestiona los juzgados y tribunales comunes, mientras la falta de criterios claros sobre el alcance de las providencias daña el frágil edificio institucional: una cosa es proteger derechos fundamentales, otra muy distinta legislar o adoptar medidas de gobierno.
Siendo así las cosas y aunque nuestra Justicia requiera otras reformas, lo referente a la tutela debe afrontarse con prioridad y mente abierta. Al organizar su trámite y regular sus efectos es preciso estudiar alternativas viables desarrolladas por el derecho constitucional en otras latitudes.
Ajustar el aparato judicial y su operación no es asunto libre de sobresaltos, siendo lo deseable que el desafío se encare a la sombra de un gobierno de talante democrático como el actual. Esto en el entendido de que la reforma no es cuestión exclusiva de especialistas, operadores y activistas judiciales; ella involucra otros sectores de la ciudadanía cuya voz es determinante.
Ojalá el nuevo ministro de Justicia, nuestro coterráneo Wilson Ruiz, se pusiera al frente de la tarea. Este legado inscribiría su nombre en nuestra historia.
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