Santos, corrupción e impuestos

El doctor Juan Manuel Santos viajó a Londres la semana pasada para representar a Colombia en un importante evento sobre combate a la corrupción. Llevaba varias propuestas para derrotar en el ámbito internacional ese flagelo. Antes de partir, refiriéndose a nuestro país afirmó: “Hemos hecho una pequeña revolución en este frente y la seguiremos haciendo”. Las palabras del mandatario contrastan con lo que sienten los colombianos. La reciente encuesta de Gallup señala que en opinión del 85% de nuestros compatriotas, la corrupción va en aumento. Adicionalmente, según el índice de percepción de corrupción del sector público 2015, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país ocupa un vergonzoso puesto 83 en un ranking donde el número uno es Dinamarca gracias a su excelente precepción de pulcritud y honestidad. Está bien que el Presidente proponga que los funcionarios torcidos se conviertan en parias internacionales y se les impida gozar de los dineros mal habidos. Pero no puede olvidar el mandatario que hay medidas internas impostergables, al alcance de su mano, las cuales asestarían un golpe mortal a las corruptelas en el ámbito público. Menciono solo tres de ellas:1) Eliminar los auxilios parlamentarios o cupos indicativos, también conocidos como ‘mermelada’. Estas asignaciones, que entronizan el mal ejemplo, deberían llamarse Partidas Malditas, Olla de los Puercos o Ración de los Ladrones, para dar sanción social a los parlamentarios que se chupan el presupuesto. Tal sanción es justa porque esos individuos sustraen recursos que de otra manera llegarían a la educación, la salud, la alimentación escolar y el agua potable, pero son desviados a dedo para llegar al círculo de congresistas afectos al gobierno de turno. El proceder daña la democracia ya que un parlamentario atragantado de dádivas es lebrel carente de voluntad y de criterio, sometido a los caprichos del amo que gobierna.2) Establecer el Pliego Único de Licitación. Este mecanismo es impulsado de tiempo atrás por la Cámara de la Infraestructura, y busca hacer homogéneas e inmodificables las condiciones de contratación de las obras públicas en todo el país. Un pliego único, tendría como efecto el que no se puedan manipular las licitaciones de obras para favorecer contratistas previamente acordados entre los gobernantes corruptos y sus compinches.3) Restringir radicalmente los contratos de prestación de servicios (PS). Este tipo de contratación de carácter temporal, es la preferida por los politiqueros para incrustar sus cuotas en las administraciones locales. Los nombrados quedan con una situación laboral precaria, dependiendo del respaldo caprichoso del jefe. Y es vox populi que a muchos de esos colaboradores se les exigen aportes, que van a llenar los bolsillos de quienes palanquearon el nombramiento.En las materias referidas el Presidente debe actuar sin pérdida de tiempo porque las percepciones sobre corrupción en la vida pública, van a determinar la actitud de los ciudadanos frente a la anunciada reforma tributaria. Y es que en la opinión de innumerables colombianos, esos nuevos recursos estatales en vez de ayudar a los más necesitados y mejorar la calidad de vida general, seguirían engordando a ciertos bimbos ya cebados de la politiquería tradicional y del Congreso.