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Leyes ineficaces y pandemia

Si algo debiera preocuparnos como nación es el creciente irrespeto a las normas y leyes de la República. La situación más aberrante se ha vivido en estos días navideños de pandemia.

3 de enero de 2021 Por: Antonio de Roux

Si algo debiera preocuparnos como nación es el creciente irrespeto a las normas y leyes de la República. La situación más aberrante se ha vivido en estos días navideños de pandemia. Hemos registrado miles de personas desprovistas de tapabocas e irrespetando la distancia social en el espacio público. Ello sin contar los desacatos al toque de queda en el fin de año. El problema no es tan solo la falta de responsabilidad y solidaridad. Hay algo más profundo, en nuestro funcionamiento social que está fallando.

Actitudes como las mencionadas se repiten en otros frentes. Son los indígenas que insultan y amenazan a militares encargados de proteger la propiedad adquirida a justo título. Es el comportamiento inaceptable de un policía que se niega a intervenir en un desalojo promovido por invasores profesionales. Es la conducta de un juez que incursiona en el campo del poder ejecutivo imponiendo requisitos de bioseguridad sin contar con soportes científicos. Son los magistrados de la sala disciplinaria de la Judicatura que asaltan la buena fe de los colombianos para perpetuarse en ese organismo cuando su encargo expiró hace años.

Esta clase de hechos indica una crisis profunda: sectores enteros de la población no están dispuestos a acatar la ley ni a reconocer la autoridad de los gobernantes para hacerla cumplir. Peor aún, muchos funcionarios públicos indolentes o asustadizos evaden su obligación de actuar.
Quedamos ante una institucionalidad desnuda, cimentada en un cuerpo normativo que ha perdido la coercibilidad, aquel atributo que habilita el uso legítimo de la fuerza para garantizar el marco jurídico existente. La cuestión es delicada porque si se carece de capacidad para lograr que los ciudadanos actúen de acuerdo con la voluntad del legislador no prevalecerán las instituciones, ni del Estado de Derecho.

Una de las causas para el descrédito de las normas es la diarrea legislativa inspirada en el denominado ‘fetichismo jurídico’. Este consiste en crear leyes con la pretensión de resolver cuanto problema existe, como si los textos legales tuvieran un poder mágico. En esta feria de preceptos vacíos cuando no absurdos, tenemos regulaciones para todo menos para lo que se necesita, y la gente ha ido relativizando el valor de la ley, como si ella fuera un estorbo y diera lo mismo cumplirla o no.

La legislatura que concluyó en diciembre trajo luces y sombras sobre la recomposición del acervo legislativo. Así tramitaron una iniciativa para eliminar miles de disposiciones ineficaces o absurdas acumuladas a lo largo de los años. Como aquella que castigaba con prisión la mentira bajo juramento expresada ante un párroco, o la que prohibía la importación de mano de obra procedente China. Pero por otra parte el Congreso evadió las reformas urgentes en materia de Justicia, salud, régimen laboral y pensional.

Lograr el imperio de la legalidad requiere normas sensatas y la voluntad de los gobernantes para actuar con mano firme castigando faltas e infracciones. Esta última parte ha brillado por su ausencia con relación a la pandemia. A los sorprendidos en el toque de queda se les imponen comparendos, pero nadie vela por concretar la sanción con el cobro respectivo. ¿Acaso no tendría mayor eficacia un procedimiento legal que permita la detención transitoria de quienes ponen en riesgo la salud pública?

Sigue en Twitter @antoderoux