Justicia y empleo son los desafíos

Llegamos al final de la cuarentena y Colombia afrontará una encrucijada compleja. Es cierto que no veníamos bien, pero a pesar del avance lento de las soluciones aún había lugar para el optimismo. Ahora tenemos millones de nuevos desempleados, infinidad de hogares sin el ingreso mínimo vital y una agitación social que no está determinada tan solo por el deseo de mejoras sino también por el hambre en los estómagos.

Súmese a lo anterior que las distintas delincuencias mandan la parada en buena parte del territorio. El torbellino apoderado del campo hace que todos pierdan. Quienes intentan producir allá se topan frecuentemente con el desconocimiento de los derechos adquiridos a justo título, y mientras persiste el narcotráfico hay un clima de enfrentamiento soterrado que envuelve a campesinos, indígenas y afrodescendientes. En medio de todo el Estado no actúa con contundencia para asegurar el imperio de la ley.

Por dónde empezar la reconstrucción es la pregunta obligatoria. No es necesario ser genio para identificar dos asuntos prioritarios. El primero es una reforma profunda del Poder Judicial orientada a permitir la aplicación de justicia pronta y eficaz. El asunto exige cortar los turbios vasos comunicantes entre la política y las altas cortes. La necesidad de esta reforma conocida de tiempo atrás, no puede relegarse por consideraciones políticas de carácter puntual. Sencillamente Colombia necesita que se dé aquel paso.

El segundo aspecto que debe afrontarse de inmediato es el de provocar una revolución del empleo propiciando su crecimiento exponencial a fin de prodigar ingresos dignos con seguridad social a quienes carecen de un puesto de trabajo. Este asunto determinante de la armonía colectiva supone el rescate, fortalecimiento y creación de empresas, además de demandar la existencia de un clima propicio para los inversionistas.

En el contexto aludido es difícil entender la propuesta de reforma tributaria liderada por congresistas pertenecientes a la izquierda extrema entre los que se cuentan Gustavo Bolívar, Pablo Catatumbo, Alexander López e Iván Cepeda, quienes contaron con el apoyo sorprendente de algunos parlamentarios pertenecientes a otros sectores. En contravía de la lógica y cuando se necesita incrementar la inversión productiva el proyecto aboga por llevar el impuesto de renta hasta el 55% en ciertos niveles de ingreso; duplicar el impuesto de renta sobre los dividendos; triplicar el impuesto de patrimonio y triplicar el impuesto a las herencias.

Ahora bien, mirando las cosas con detenimiento se podría sospechar que la iniciativa hace parte de la agenda ideológica de sus proponentes: ahorcar a quienes podrían crear soluciones y empleos, profundizar la inconformidad social, agudizar las contradicciones de la democracia burguesa para provocar su arrasamiento.

Por fuera de la obsesión destructiva hay soluciones al alcance en lo económico y lo social. Por qué no sumarse al planteamiento de financiar la reconstrucción y la multiplicación de los empleos con crédito de largo plazo otorgado por el Banco de la República. Por qué no hacer realidad la idea de respaldar hasta el 100% los créditos destinados a las empresas afectadas por la pandemia. ¿Acaso estas iniciativas necesarias deban despreciarse simplemente porque se formularon desde el sector productivo?

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