Eliminar las contralorías

Eliminar las contralorías

Enero 17, 2011 - 12:00 a.m. Por: Antonio de Roux

La designación de los dos contralores municipales recientes y la del actual Contralor Departamental, están rodeadas de cuestionamientos. Miguel Eric Piedrahíta y Carmenza Erazo fueron elegidos en contravención de lo dispuesto en el Artículo 272 de la Constitución Nacional. Esta norma determina que quien haya desempeñado un cargo público en el orden departamental o municipal, sólo podrá ser elegido contralor un año después de haber cesado en sus funciones.El hecho de que Piedrahíta viniera de fungir como subcontralor municipal y la señora Erazo como contralora del Departamento, constituía una inhabilidad insalvable. No podían ser elegidos. Pero el Concejo de Cali oyó el canto de sirena de las coaliciones y las prebendas, y concretó los nombramientos. Por ahora están empapelados quienes pusieron en el cargo a Miguel Eric. Pronto estarán en las mismas angustias los responsables de escoger a la señora Erazo. Personas conocidas por sus deseos de servir podrían tener el futuro político empantanado. El caso del contralor Departamental, Carlos Hernán Rodríguez, es diferente. Su inhabilidad tenía carácter moral. Amigo cercano de Juan Carlos Abadía, venía de dirigir su campaña a la Gobernación. Estaba por tanto impedido para constituirse en fiscalizador del gobierno encabezado por su ‘parcero’ de siempre. Lo sucedido en Cali y el Valle obedece a un patrón generalizado en Colombia. A lo largo y ancho de su geografía se presentan casos de inhabilidades y comportamientos indebidos relacionados con las contralorías. La situación más reciente es la de Bogotá donde según versiones de prensa, el propio Contralor del Distrito habría favorecido a contratistas ineficientes e insolventes. Ahora bien, sobre la eficacia de los organismos en cuestión dentro del ámbito regional, cabe preguntar: ¿Donde andaban los responsables de las contralorías respectivas mientras en el gobierno de Apolinar Salcedo hacían trapisondas, o cuando se desmoronaba Calisalud, o mientras se esquilmaba a la Industria de Licores?Con estos antecedentes la opinión pública se interpela sobre el sentido que tiene mantener unos entes que además de inoperantes son fuente de escándalo, instrumento de la politiquería, enclaves burocráticos que absorben inmensos recursos. El tema es complejo. Lo que viene sucediendo es producto de un mal diseño contenido en la Constitución. Según esta norma son los propios concejales y diputados, los mismos que con contadas excepciones pujan por controlar las nóminas de municipios y departamentos, quienes elijen a los contralores. La tentación salta a la vista: apoyar candidatos que garanticen cuotas, dejen fluir los contratos, estén dispuestos a que “nos hagamos pacito”. Por otro lado la misma Carta establece que el control ejercido sea selectivo y posterior. En otras palabras apenas una parte menor de las operaciones es revisada, y el examen se hace cuando los recursos del erario ya se esfumaron. Si nuestro país quiere acabar con la corrupción en la administración pública, deben eliminarse de una vez las contralorías municipales y departamentales. Sus tareas podrían encomendarse a firmas idóneas en el ámbito de la auditoria. Estas serían escogidas en concursos adelantados por el Estado Central a través de Planeación Nacional y la Contraloría General de la República.

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