El Estado faltón

Diciembre 05, 2011 - 12:00 a.m. Por: Antonio de Roux

Uno de los efectos colaterales de un conflicto armado es que al final quedan abandonados a su suerte miles de combatientes forjados en la milicia irregular. Se trata de personas que no escogieron ese destino, y en su inmensa mayoría fueron arrastradas por las circunstancias de un país rural donde la disyuntiva común llegó a ser la de dar plomo o resignarse a recibirlo. Estas personas a pesar de su pasado borrascoso tienen derecho a un lugar bajo el sol. Si bien fueron victimarios, generadores de dolor para sus semejantes, a su turno y casi sin excepción, también fueron objeto de otras violencias irresistibles que trastocaron sus existencias.A partir del año 2003 comenzó la búsqueda de un camino jurídico que permitiera el retorno a la vida ciudadana de antiguos combatientes. El dispositivo produjo los efectos previstos y hasta la fecha se han desmovilizado unas 54.000 personas, entre las que se cuentan 35.000 paramilitares y 19.000 guerrilleros. Aunque las bandas criminales emergentes y la subversión narcotizada siguen golpeando esporádicamente, nadie puede negar que las condiciones de seguridad en el campo han venido mejorando y las estrategias de reintegración han sido exitosas.Hasta aquí todo parecería fluir en la dirección correcta. Sin embargo, el fantasma de la inestabilidad jurídica y de la incertidumbre comenzó a aparecer poniendo en vilo la continuidad del proceso de reintegración. Esta circunstancia absurda, que puede llevar a la cárcel a miles de los desmovilizados actuales, y disuadir de entregarse a quienes aún se encuentran en el monte, afecta en especial a los llamados combatientes rasos, ya que la situación de los jefes se regula por otra disposición legal.La gente que depuso las armas aceptó el ofrecimiento del Estado colombiano y confió en su palabra. Pero ese Estado a través de sucesivos pronunciamientos emitidos por las altas cortes, ha venido cambiando las reglas de juego. Primero se dio al traste con los beneficios legales originales y se dispuso que los reinsertados deberían ser procesados por concierto para delinquir agravado. Luego se dijo que ese concierto tenía como propósito cometer delitos de lesa humanidad, con lo cual se los equiparó a sus siniestros jefes. Mas tarde se les quitó la posibilidad de beneficiarse del principio de oportunidad.Frente a esta situación el Gobierno impulsó la Ley 1424 de 2010, que permite suspender la orden de captura o la ejecución de la pena por concierto para delinquir, siempre que los desmovilizados cumplan con ciertas condiciones y se presenten a las autoridades antes del próximo 28 de diciembre. El problema es que miles de desmovilizados sienten que ya hicieron su parte frente a la ley anterior, mientras otros no quisieran presentársele a un Estado faltón, que no cumple su palabra. La clave del asunto está en lo manifestado por Alejandro Éder, director de la Agencia para la Reintegración: la paz verdadera tiene un costo, y la sociedad debe saber cuánto está dispuesta a pagar por obtenerla. La solución de este impasse se encuentra en la expedición del Marco Legal para la Paz, estudiada por las cámaras. Pero esta es una reforma de carácter constitucional, con trámites dilatados, y cuando se concrete ya la falta de consistencia del Estado habrá producido efectos perversos.

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