El desamparo y las urnas

Abril 07, 2014 - 12:00 a.m. Por: Antonio de Roux

¿Cómo negar que este es un país plagado de sicópatas, de seres empeñados en destruir la belleza y la ternura que se encarnan en nuestras mujeres? Y es que los datos relacionados con el maltrato hacia las compatriotas, resultan espeluznantes. Según reciente informe de la ONU, una de cada tres colombianas sufrirá algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, y el 90% de los casos denunciados quedará en la impunidad.La tapa de la olla en materia de crueldad es el uso, también contra ellas, de sustancias ácidas o corrosivas. Un procedimiento que no solo busca infligir dolor físico sino dejar la marca indeleble de la humillación. Esto porque las sustancias aludidas dañan con frecuencia el rostro y las partes expuestas, produciendo la desfiguración permanente de quienes son afectados.La desfiguración deja a la víctima sumida en la vergüenza, la hace sentir excluida y desamparada por el resto de la existencia. El cuerpo lisiado sigue vivo pero muere el alma. Por eso las penas para este delito deberían ser al menos tan rigurosas como las correspondientes al homicidio. Por eso es inaceptable que entre los cientos de ataques con ácido apenas se hayan dictado un par de condenas.Sin llegar al rigor deseable, el Congreso hizo un esfuerzo por endurecer los castigos para este delito. Con tal propósito fue dictada la Ley 1639 de 2013, que incluye importantes disposiciones complementarias. Pero la norma quedó a medio camino por negligencia de los funcionarios del Gobierno Nacional, que no hicieron su reglamentación dentro del plazo correspondiente.Según la ley mencionada, al ejecutivo correspondía establecer el registro para controlar la venta al menudeo de ácidos, sustancias corrosivas y similares. Este registro habría permitido identificar y ubicar a los adquirentes de tales productos. La disposición también ordenaba crear una ruta de atención integral para quienes sean atacados con ácido. La ruta debía suministrar información, y orientar a las víctimas a cerca de los derechos, recursos, medios judiciales, administrativos y de salud a su disposición. Incluso en la norma se garantizaban mecanismos para proporcionar ocupación o continuidad laboral a las personas perjudicadas.Como se dijo el plazo para la reglamentación de estas disposiciones, que era de seis meses, expiró el pasado dos de enero. En consecuencia, frente a un asunto tan crucial para los ciudadanos y ciudadanas, quedan dilatadas las medidas. Aparece la idea de una honda indiferencia del gobierno nacional frente a las mujeres de Colombia y frente a las necesidades sentidas de la población en la materia.A los habitantes de esta república nos quieren forzar a aceptar como cosa natural la ineficacia en la administración pública. Día a día nos llega un mensaje perverso, que podríamos resumir así: “la justicia, la educación, la salud, el medio ambiente y otras tantas cosas no funcionan, pero no pierdan el tiempo buscando responsables porque nadie será llamado a cuentas”. Por eso no me extrañó que el Ministro de Justicia en declaraciones radiales intentara restar importancia a la falta de reglamentación oportuna de aquella ley.Al Presidente Juan Manuel Santos le convendría estar advertido de que los ciudadanos ya no comen cuento y si las faltas de sus subalternos siguen impunes, a él le tocará pagarlo en las urnas.

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