Efectos de un censo chimbo

Como todo lo hacía prever el censo de población celebrado en el primer semestre de este año resultó un fiasco. El gobierno saliente no encontró mejor alternativa para su realización que ponerlo en manos de Fonade, entidad asignada a Musa Besaile y al Ñoño Elías, y donde actuaban a sus anchas los pilluelos.

Las versiones registradas a lo largo y ancho del territorio nacional dan cuenta de que en infinidad de casos los encargados nunca se presentaron para recoger la información censal. Tal sucedió en varios sectores de Cali y en algunas poblaciones vallecaucanas. El resultado fue un proceso chapucero, que arroja datos chimbos, alejados de la realidad, y que no deberían ser acogidos ni homologados por el nuevo gobierno.

Con relación a las estimaciones previas del Dane basadas en el censo del 2005, en Colombia desaparecieron cuatro millones y medio de personas, mientras en Cali se evaporaron como por arte de magia 545.000. Tendríamos entonces en la Sultana una población que apenas llega al millón novecientas mil almas.

En el caso del Valle los ‘desaparecidos’ ascienden a ochocientos mil, ya que los cálculos estadísticos anteriores al censo mencionaban 4,7 millones de moradores y tras el conteo se afirma que solo contamos con 3,9 millones de coterráneos.

Aparte de su crecimiento vegetativo Cali ha recibido cientos de miles de migrantes y desplazados provenientes del suroccidente. En las calles atiborradas de vendedores y peatones; en las vías colapsadas de vehículos; en la ‘hinchazón’ urbana desbordada que invade los cerros circundantes, están las pruebas del incesante incremento poblacional.

Sin embargo, para descartar una opinión basada en conjeturas hablé con Carlos Andrés Hernández, estudioso profesional de la demografía caleña. El resultado de la indagación me dejó perplejo. Según la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, antiguo Fosyga, Cali tiene 2.324.787 personas de carne y hueso afiliadas. Esta es una cantidad a la que deben añadirse unos cien mil moradores que están fuera del sistema y no cuentan con cubrimiento alguno. Llama la atención que al sumarse las dos cifras se llegue a un número de habitantes prácticamente igual al que el Dane estimaba para Cali antes del censo.

Como lo han mencionado los especialistas, unos resultados del censo con registros inferiores a la realidad nos golpean de varias maneras. En primer lugar bajaría nuestra participación en los recursos del Gobierno Central destinados a educación, salud, asistencia social, etc. En segundo término habría un detrimento en los indicadores de la gestión pública en aspectos cruciales como la seguridad ciudadana y desempeño fiscal.
Finalmente, podría afectarse la participación regional en corporaciones públicas como la Cámara de Representantes, para cuya conformación entra en juego el número de habitantes de cada departamento.

En estas circunstancias cobra especial sentido el llamado de la Gobernadora del Valle para que se revisen los resultados del conteo. El reclamo debe ser acompañado por los alcaldes municipales y los parlamentarios de la comarca. También es indispensable requerir la intervención de la Contraloría General para que en esta y otras regiones revise el manejo técnico y financiero censo, y se establezcan las responsabilidades a las que haya lugar.

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