Corporaciones distintas

Corporaciones distintas

Diciembre 20, 2010 - 12:00 a.m. Por: Antonio de Roux

Las corporaciones autónomas regionales son verdaderas ruedas sueltas en la administración pública, una tronera por donde se desvían recursos del Estado hacia fines no previstos. También tienen responsabilidad inocultable en la crisis invernal. A lo largo y ancho de la geografía colombiana, mientras la gente lucha por sobrevivir con el agua al cuello, ha ido quedando claro que esas entidades no hicieron los terraplenes, no mantuvieron los canales, no reforzaron los diques, no impidieron la contaminación de los ríos, no cuidaron las cuencas, no evitaron los vertimientos nocivos, no desalojaron a los invasores de los jarillones. Una enumeración abrumadora, que dará lugar a procesos judiciales de prevaricato por omisión. Algunos han salido con el cuento de que las corporaciones deben limitarse a actuar como autoridad ambiental. Quienes piensan así están equivocados. El Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 sigue vigente y adjudica a esos entes entre otras responsabilidades, la de promover y ejecutar obras de defensa y protección contra las inundaciones. Igualmente les encomienda la regulación de los cauces y la adquisición de las tierras necesarias para el manejo de cuencas.Las corporaciones regionales impulsadas por Bernardo Garcés Córdoba, se fundaban en cuatro principios: un manejo técnico impecable, un enfoque de sostenibilidad ambiental y humana, la mira puesta en los grandes ecosistemas regionales, una explotación razonable de los recursos hídricos. Este ideario inspiró por décadas a la CVC y le permitió convertirse en protagonista principal del desarrollo vallecaucano. Pero no hay nada que pueda salvarse de la capacidad dañina y la codicia de un politiquero. Los ‘padres de la patria’ expidieron la Ley que mencionamos en el párrafo anterior, para regalarnos 33 corporaciones apartadas de la filosofía inicial. Se trata de estructuras frágiles en la parte técnica, abrumadas por el compadrazgo y el amiguismo. Son enjambres burocráticos puestos al servicio de los mandamases políticos de cada región, y cuyo desempeño genera interrogantes frecuentes.En relación con lo antes mencionado baste recordar dos de los ejemplos repetidos por estos días. Primero: Cardique en Bolívar quedó en manos del turco Ilsaca, ambicioso manzanillo hoy embarcado en un proceso penal. El Director Ejecutivo de esa entidad acaba de ser destituido por violar la ley de garantías. Segundo: En la CRA del Atlántico, departamento anegado por la falta de mantenimiento al Canal del Dique, se vienen investigando 23 de sus directivos por evaporar $25.000 millones. Tampoco ha estado exenta de críticas la CVC, cuyo consejo cedió ante una solicitud del ex gobernador Abadía para entregarles $38.000 millones de su patrimonio a varios municipios.Entre los decretos relacionados con la emergencia invernal falta uno de los más importantes, y es el referido a la reforma estructural de las corporaciones. Estas deben volver a sus principios fundantes, desterrando para siempre la influencia de los partidos. Los consejos de esas entidades y sus directores, tendrían que ser designados con criterio eminentemente técnico por el Gobierno Nacional. Que pena con los amigos de la descentralización, pero estamos frente a algo demasiado importante para dejarlo al arbitrio de los gamonales.

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