Convenios municipales sombríos

Los caleños hemos visto con preocupación el uso indiscriminado que hace la Administración Municipal de los llamados Convenios Interadministrativos. La alarma se explica porque esa modalidad contractual permite que el gobernante ceda libremente a terceros tareas que le están reservadas.

En el marco de aquellos convenios el ejecutor escogido por el gobierno recibe los recursos correspondientes y queda habilitado para subcontratar de acuerdo con los términos de su reglamentación interna.
Incluso sin cumplir con el proceso de licitación pública. La consecuencia es que la contratación puede terminar direccionada hacia los amigos, aliados políticos o compadres de quien gobierna.

Las licitaciones sin ser un mecanismo perfecto, son esenciales para proteger el patrimonio colectivo y garantizar la pulcritud en la gestión oficial. Gracias a ellas se hace posible obtener mejores condiciones de calidad, precio y plazos; asegurar la equidad de acceso a quienes desean ofertar, y evitar tanto el favoritismo como las corruptelas.

Los convenios interadministrativos se han prestado desde el primer mandato de Jorge Iván Ospina para sobrecostos y dudas. Así quedaron en entredicho las intervenciones del estadio Pascual Guerrero, el alumbrado navideño móvil, la feria virtual, el mantenimiento de las cámaras de seguridad, las reparaciones de la plazoleta Jairo Varela, etc. Como resultado el propio alcalde está vinculado a indagaciones de la Fiscalía General y la Procuraduría.

Ahora la preocupación de los ciudadanos se convierte en espanto. La razón es que a pesar de los antecedentes negativos, las investigaciones en marcha y el rechazo generalizado, avanza un nuevo convenio interadministrativo de cuantía exorbitante suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Emcali. Según tal instrumento, que tiene categoría de contrato ‘marco’, la empresa de servicios públicos tendrá a su cargo la ejecución del Plan Bicentenario cuyo propósito es rehabilitar cuatrocientos kilómetros de vías locales.

Aunque se ha omitido informar el valor de las obras a ser adelantadas por este sistema, la realidad es que su monto llega a ciento ochenta y ocho mil millones de pesos. Tal cifra corresponde a la partida para la renovación vial prevista en el Plan de Desarrollo 2020-2023.
Considerando que la ciudad no cuenta con esos recursos, será necesario sacarlos del cupo de endeudamiento por seiscientos cincuenta mil millones que tan alegremente aprobó el Concejo.

El asunto de fondo es que los reglamentos de Emcali permiten la contratación mediante “Invitación privada”, entre otros casos cuando se trata de “Contratos conexos, complementarios, coligados, dependientes o inherentes al objeto de otro contrato”. Como aquí el cometido es cumplir un “contrato marco” preexistente valiéndose al efecto de subcontratistas, Emcali podrá escogerlos a dedo, sin licitación, sin convocatoria abierta, sin asomo de competencia.

Cali no solucionará sus problemas si quienes la administran no se hacen merecedores de la confianza ciudadana. La contratación por el sistema comentado puede ser legal, pero deja la idea de lo opaco y lo turbio; propicia el uso ilegítimo de los recursos públicos. ¿Será mucho pedirle al alcalde que por su bien y el de la ciudad deje de utilizar estos convenios interadministrativos sombríos?

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